El hecho de que CpM haya supeditado su candidatura al polémico hecho de cerrar su lista electoral con un candidato y diputado aún de la Asamblea de Melilla en prisión desde hace un par de meses, o que el PSOE no quiera admitir que entre sus principales candidatos incluye a imputados en el feo asunto del presunto fraude electoral en las Generales de 2008, no es excusa para que las candidaturas opuestas al PP se afanen en querer enlodar todo el espectro político melillense. Tampoco lo es la dudosa situación de Velázquez, inhabilitado para aspirar a ser presidente de la Ciudad pero no para ser diputado de la Asamblea, y pendiente de un indulto solicitado al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
La realidad es que nuestras listas electorales suman en proporción demasiados imputados, condenados o incluso a un candidato en la cárcel. No es de extrañar el eco que han tenido por ello en medios nacionales con una carga nada positiva para Melilla.
Es de pura lógica que tanto imputado, encarcelado o inhabilitado parcial no puede ser bueno para un régimen democrático y que, lógicamente, tan polémicos extremos no logran soslayarse en el combate electoral. Pero esto no es motivo para imputar a otros condenas inexistentes, como ayer pretendió hacer el PSOE, en un intento más por enfangar aún más la vida pública melillense con el fin de confundir a la opinión pública sobre la auténtica realidad de muchas de nuestras listas electorales, principalmente las del propio PSOE, CpM y PPL.
