Los presupuestos generales de la Ciudad Autónoma para 2025 incluyen una serie de novedades que van a aumentar la política social que desarrolla el Gobierno y se va a encargar de unos colectivos muy concretos que, hasta ahora, no se habían tenido en cuenta pero que responden al perfil de personas vulnerables que necesitan la ayuda de las instituciones públicas.
El primer caso es el de los enfermos con muy escasos recursos económicos que necesitan desplazarse a Málaga para recibir tratamientos médicos, como es el caso de la radioterapia, entre otros. Esas personas apenas si cobran 40 euros en concepto de dieta diaria durante el tiempo que deben permanecer fuera de la ciudad. Evidentemente no es una cantidad con la que se pueda pagar un alojamiento (por barato que sea), desayuno, comida y cena. Como consecuencia de todo eso, hay ciudadanos que optan por no aplicarse las terapias por no poder sufragar el coste.
A partir de 2025, esos melillenses tendrán una ayuda de la Ciudad Autónoma para que puedan estar dignamente en Málaga y no renunciar a sus tratamientos por falta de dinero. Es, sin duda, una magnífica medida de la que se beneficiarán esos enfermos en concreto, quienes precisamente por la gravedad de sus patologías precisan más que nunca el apoyo de las instituciones públicas.
Es el caso también de las familias que deben ocuparse de un gran dependiente, personas con graves deterioros neurológicos que no pueden valerse por sí mismas y requieren de cuidados permanentes las 24 horas del día. Por eso, el Gobierno ha dispuesto una partida de 300.000 euros anuales para ayudar a que esos cuidadores puedan tener "un respiro" y cuenten con alguien que les eche una mano en la atención que merecen esos enfermos. Otra importante medida que añadir a la carta de servicios que ofrece la política social del Gobierno.
Una tercera cuestión tiene que ver con el copago farmacéutico para los mayores con pensiones precarias. Y aquí hay que abrir un paréntesis para preguntarse por qué motivo el Ingesa se niega a que la Ciudad Autónoma corra con los gastos de las medicinas que se prescriben a esos pensionistas. Sería cuestión de que el Ingesa, que tanto autobombo se da para hablar de compra de materiales estupendísimos para el Hospital Universitario, tuviera unos minutos para explicr qué es lo que impide esa iniciativa del Gobierno melillense.
En cualquier caso, lo positivo es que el Ejecutivo local ha llegado a una serie de acuerdos y ha firmado convenios con los colegios farmacéuticos de Melilla y el nacional, al objeto de pagar mensualmente el coste de esos medicamentos para ahorrarle a los pensionistas más necesitados que deban pagarlos con sus exiguos recursos.
Y la última cuestión novedosa presentada ayer por el presidente Imbroda es que a partir de septiembre de 2025, las escuelas infantiles de Melilla serán gratuitas. Según dijo, anualmente la Ciudad obtiene unos 178.000 euros por ese servicio y en los presupuestos de 2025 ya se ha detraido la cantidad correspondiente en las partidas de ingesos para hacer que esos colegios, destinados a pequeños de entre 0 y 3 años, no cuesten ni un euro a los padres.
Son, en definitiva, políticas de calle, cercanas al ciudadano, que observan sus problemas y tratan de darles solución a través de unos paquetes de ayudas que, sin duda, aliviarán la situación de muchos melillenses de cara a los próximos meses.