La Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) ha dado instrucciones a su gabinete jurídico para que estudie la posibilidad de presentar una querella contra la Asociación Pro Derechos Humanos (APDH) de Melilla, después de que esta ONG anunciara el domingo que había denunciado a la AEGC por “criminalizar” a los menores extranjeros no acompañados (menas) en un comunicado de prensa remitido a los medios de comunicación el pasado día 4.
Esta asociación de agentes de la Benemérita informó a El Faro el domingo de que estaba meditando qué hacer con respecto a esta denuncia. Finalmente, ayer señalaron que están analizando la posibilidad de presentar una querella contra la APDH por “injurias y calumnias”.
La AEGC defendió a capa y espada su postura, asegurando que las manifestaciones que realizaron sobre los menas el pasado día 4 no suponen la comisión de ningún delito, como afirma el máximo dirigente de la APDH, José Alonso, quien apunta que tales declaraciones podrían estar tipificadas en el Artículo 150 del Código Penal, el cual dice que “los que inciten a la discriminación, al odio o a la violencia contra grupos o asociaciones, por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia o raza, su origen nacional, su sexo, orientación sexual, enfermedad o minusvalía, serán castigados con la pena de prisión de uno a tres años y multa de seis a doce meses”.
Intención de informar
Así, la AEGC subrayó ayer que el comunicado de prensa en el que se pronunciaban sobre los menas “no se incita a nada”, sino que simplemente “pone en conocimiento de la opinión pública en general un problema existente con los menores indocumentados que deambulan por la ciudad autónoma sin ningún tipo de protección”.
Hay que recordar que en el comunicado de prensa que la AEGC envió a los medios el pasado día 4, la asociación calificaba a los menas como “jóvenes sin hogar indocumentados que deambulan por las calles sobreviviendo, realizando pequeños hurtos y creando inseguridad ciudadana con una alarma social cada vez mas palpable”, palabras que, en opinión de José Alonso, podrían ser constitutivas de delito, pues entiende que se está “criminalizando” a este colectivo de menores.
“El decir que estos (los menas) tienen que buscarse la vida porque carecen de medios de subsistencia no es criminalizar a nadie, es decir una verdad como un puño”, aclaró ayer la AEGC a través de un nuevo comunicado de prensa.
Inquietud del Gobierno
“Solamente hemos intentado despertar la inquietud del Gobierno de Melilla y de las ONGs, en un intento de concienciarles de que no solo hay un problema en la valla, sino también dentro de la ciudad y bastante grave”, añadió la asociación. Asimismo, la AEGC defiende que “es necesario recabar ayuda para estos menores, pero parece ser que para algunos, la subsistencia de estos chicos no representa ningún problema”.
Situación de los menas
“Podemos tirar de hemeroteca y verificar cómo estos menores tratan de introducirse en las bateas, para dar el salto a la península, con riesgo grave de perder la vida en ello, como ya ha ocurrido en otras ocasiones, siendo necesario la intervención de la Guardia Civil y Bomberos para evitar el aplastamiento de los menas por la chatarra. Estos hechos pueden comprobarse por las propias noticias de la prensa. Estos menores lo único que hacen es luchar para sobrevivir hasta que pueden dar el salto a la península, ya que carecen de ningún tipo de apoyo. ¿Es eso criminalizar a un colectivo o es denunciar una situación que se vive actualmente en la ciudad?”, añadieron desde la AEGC.
En opinión de esta asociación, “criminalizar es otra cosa, como han hecho algunas ONGs, que criminalizan a toda la Guardia civil y en especial a la de Melilla por todas y cada una de las actuaciones en la valla, agravándose la situación cuando se ha producido un hecho aislado, lamentable y desafortunado, sin tener en cuenta que estas actuaciones se desarrollan de acorde con los protocolos establecidos y con los medios técnicos que tienen esos guardias civiles, sin que a veces sean los necesarios”.
Además, AEGC resaltó que respeta cualquier tipo de opinión, “dado que vivimos en un Estado de Derecho”. Por último, solicitó, “amparándose en la libertad de expresión”, que sean tenidas en cuenta las criticas realizadas para poder solucionar un problema latente que repercute en la convivencia diaria de todos los habitantes de esta ciudad.
