La diputada del PP por Melilla, Sofía Acedo, registró ayer una amplia batería de preguntas al Gobierno de España dirigidas a saber todo lo relacionado con el cierre de los quirófanos del Hospital Universitario, causado por una deficiencia en el sistema de climatización que conllevó la condensación de las instalaciones quirúrgicas y la más que posible inutilización de medicamentos y material existente en ellas. Y esto ocurre apenas seis meses después de que el centro sanitario fuera puesto en funcionamiento cien por cien y un año desde que el presidente Sánchez, junto a la ministra de Sanidad, Mónica García, procedieran a la inauguración de lo que no se han cansado de citar como el gran referente del sistema público en esta ciudad.
Acedo quiere saber, entre otras cuestiones, desde cuándo conocía el Ministerio esos problemas, el contenido de los informes técnicos, cuántas intervenciones han sido suspendidas, si los profesionales sanitarios habían advertido previamente de estas deficiencias, si el Ejecutivo considera que el hospital fue inaugurado con todas las garantías, qué responsabilidades piensa exigir y cuál será el impacto de esta situación sobre las listas de espera en Melilla. Se trata de asuntos muy pertinentes porque los melillenses tienen derecho a saber lo que ha pasado y cómo les afectará en el servicio que reciben por parte del Ingesa.
El instituto público se vio en la obligación de reconocer el problema pero, eso sí, restándole importancia y poco menos que regañando a quienes se atrevían a hacerlo público, aludiendo a la necesidad de conocer primero los informes técnicos. O sea, es más importante que se sepa lo sucedido que el suceso en sí.
Entre tanto, este organismo público sigue a lo suyo: la propaganda y la crítica política a los que fueron gestores pertenecientes al PP antes de 2018. Ahora habla de la activación de una oferta de empleo para 2026 de 394 vacantes, sin especificar cuántas serían para Melilla, en un claro intento de desviar el foco de las críticas que han recibido los directivos y responsables ministeriales por parte de los miembros de CSIF y Cemsatse, que se han mostrado muy críticos por su negativa a negociar y a entregar el acta sobre las 35 horas, motivos por los que decidieron abandonar la Mesa Sectorial del pasado martes, retirándose de la misma el 75% de los representantes de los trabajadores; solo permanecieron en la sesión CCOO y UGT, como, por otro lado, era de esperar de las organizaciones sindicales que reciben millonarias partidas presupuestarias del Gobierno central.
