La Audiencia Nacional mantiene abierta una causa, instruida por la jueza María Tardón, que investiga la entrada masiva irregular de personas migrantes a la ciudad hermana de Ceuta de finales de julio.
Por lo pronto, el magistrado del Foro Judicial Independiente, Fernando Germán Portillo, ha demandado prudencia, n declaraciones a El Faro, ante el recorrido que pueda tener dicha causa. Y es que ha recordado que esta aún se encuentra en el inicio de cualquier procedimiento de investigación judicial.
"Lo que ahora comienza no significa que vaya a terminar en juicio o en condena, puede archivarse en cualquier momento si los indicios que en principio se han apreciado empiezan a caer conforme avancen las diligencia de la investigación".
No obstante, ha considerado que los indicios que han motivado la investigación son "muy sólidos", por lo que ha reclamado paciencia ante los tiempos de la Justicia.
En este sentido, ha advertido de que el procedimiento podría prolongarse durante años y ha señalado que uno de los factores determinantes para el éxito de la investigación será la cooperación de Marruecos. Según ha explicado Portillo, será necesario solicitar información que permita identificar a algunas de las personas que participaron en los hechos, una colaboración que podría llegar a afectar incluso a responsables del Gobierno marroquí.
"Mucho me temo que la colaboración de Marruecos para que España enjuicie a sus propios nacionales va a ser entre cero y nada. Hay que ser realistas y ponerse en situación de que este procedimiento de instrucción no concluya con éxito".
De todos modos, el magistrado ha rechazado que la causa judicial pueda convertirse en una vía para resolver la actual situación de Ceuta. Y es que ha recordado que el Poder Judicial no puede sustituir la toma de decisiones del Ejecutivo.
"La jurisdicción penal se va a limitar a juzgar lo que ya ha pasado para ver si hay delito y quiénes son sus autores. No va a arreglar el presente ni, por supuesto, evitar el futuro. Son cuestiones que competen al Poder Ejecutivo".
Por otro lado, Portillo ha defendido que la ausencia de una condena penal no implica necesariamente que una actuación política haya sido correcta.
"Estamos acostumbrándonos, dentro de la degradación democrática que actualmente padecemos, a que sea un juez de lo penal quien decide si el político lo ha hecho bien o lo ha hecho mal. De tal manera que, si finalmente no hay delito, pues se entiende que lo ha hecho bien. Hay muchos escalones previos de responsabilidad, no hay que llegar a escalar hasta la responsabilidad penal. Existen las responsabilidades administrativas o las responsabilidades políticas que los ciudadanos debemos exigir, independientemente de que ese asunto sea o no delito".
El magistrado ha recordado que para que una actuación sea considerada delito debe encajar en un tipo concreto del Código Penal y que una condena requiere superar la presunción de inocencia y todas las garantías del procedimiento. Por ello, considera que una eventual ausencia de responsabilidad penal no debe interpretarse automáticamente como una validación de la gestión política de la crisis.
Finalmente, ha insistido en que no se debe depositar toda la esperanza en la investigación judicial para esclarecer lo ocurrido. En su opinión, el Gobierno también debe ofrecer transparencia e información pública sobre los hechos y asumir las responsabilidades que correspondan, independientemente del resultado de la causa penal.
Anteproyectos
El Gobierno central dio luz verde el pasado mes de agosto a los anteproyectos de ley de asilo y de reforma de la ley de extranjería para adecuar la legislación española al Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA) que se aprobó en 2024.
Portillo ha explicado que el PEMA contiene varios actos legislativos, muchos de los cuales ya son de aplicación directa en España desde este mismo verano.
"Lo que el Gobierno pretende con su iniciativa legislativa es precisamente armonizar nuestras leyes de asilo y extranjería con esas normas europeas, concretar algunas opciones que éstas dejan abiertas y fijar procedimientos específicos".
A juicio del magistrado, la valoración de los anteproyectos depende de las expectativas con las que se analicen. En cualquier caso, considera que cumplen con las obligaciones europeas al introducir medidas dirigidas a agilizar los procedimientos, con plazos más cortos y la eliminación de determinados recursos administrativos.
Entre las novedades, ha destacado la creación de un triaje previo para las personas que se encuentren en situación irregular, que se realizaría en dependencias policiales durante un periodo máximo de 72 horas. También se contempla automatizar la decisión de retorno cuando se deniegue una solicitud de asilo, así como ampliar los supuestos de inadmisión o acelerar la tramitación cuando se trate de personas procedentes de países considerados seguros o que hayan pasado por ellos.
El magistrado ha señalado además que los anteproyectos permiten limitar el lugar de residencia de los solicitantes de asilo e incorporan un procedimiento específico de asilo en frontera que tendrá una aplicación especialmente relevante en Melilla y Ceuta. En estos casos, el inmigrante deberá permanecer en instalaciones policiales habilitadas durante las semanas que dure la tramitación de su solicitud.
No obstante, ha apuntado que quienes reclaman un mayor endurecimiento de la política migratoria pueden considerar que las medidas "se quedan cortas". En algunos aspectos, España opta, según ha explicado, por las opciones menos restrictivas que permite la normativa europea.
"Desde luego no se prevén las devoluciones colectivas (por prohibirla los tratados internacionales y el mismo derecho europeo), sigue en vigor la norma de no devolver al extranjero mientras se tramita su asilo y respecto de los menores no acompañados se refuerzan los trámites garantistas para su retorno y no parece que se adopte ninguna medida para desincentivar en origen la entrada de los mismos (como restricciones al reagrupamiento posterior, por ejemplo)".
Asimismo, ha apuntado que, desde la perspectiva de quienes priorizan la protección de los derechos humanos, los anteproyectos también pueden interpretarse como un endurecimiento respecto al marco anterior, aunque incorporen mayores garantías para determinados colectivos vulnerables.
"Sea como sea, es lo que exige Europa".
Por lo pronto, Portillo recuerda que se trata de anteproyectos, por lo que aún quedan por delante muchos informes hasta ver un proyecto y mucha tramitación parlamentaria hasta que se traduzcan en leyes, cuyo contenido, además, puede variar sensiblemente respecto de lo inicial.
"No creo que dé tiempo a todo esto en esta legislatura, pero, como decía, es lo que Europa impone desde ya".
