La crítica situación sanitaria que sufren Ceuta y Melilla llegará a debate en el Parlamento Europeo. La Comisión de Peticiones ha aceptado incluir en su agenda la evaluación del “abandono institucional” que, según denuncian colectivos profesionales y ciudadanos, padecen ambas ciudades autónomas en materia de salud pública.
Esta decisión ha sido posible gracias a las reclamaciones elevadas por el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España (CGCOM) y la Plataforma “Todos por una Sanidad Digna”, con el apoyo expreso del Partido Popular Europeo (PPE). El grupo socialista intentó frenar esta iniciativa votando en contra, sin éxito.
El debate europeo se centrará en el profundo deterioro del sistema sanitario melillense, marcado por la falta de médicos, la sobrecarga asistencial, la ausencia de recursos especializados y el incumplimiento de los compromisos asumidos por el Gobierno español. Entre los aspectos que más preocupan figuran la ausencia de unidades de radioterapia para pacientes oncológicos, el déficit de atención a personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), y la escasa ratio de profesionales sanitarios por habitante.
Promesas incumplidas
En febrero de 2023, el Boletín Oficial del Estado reconocía oficialmente a Ceuta y Melilla como zonas de difícil cobertura sanitaria, asignando al INGESA la tarea de implementar incentivos para atraer y retener a personal médico. Sin embargo, más de un año después, ninguna de estas medidas se ha traducido en resultados concretos.
“El Gobierno prometió incentivos que nunca llegaron. Los médicos siguen sin razones para quedarse o venir a Melilla”, ha denunciado la portavoz del PPE en la Comisión de Peticiones, Alma Ezcurra, quien acusó al Ejecutivo de Pedro Sánchez de “abandonar sistemáticamente” a las ciudades autónomas.
La situación es alarmante: Melilla y Ceuta tienen la peor ratio de médicos por habitante de toda España. Ceuta, además, presenta la esperanza de vida más baja del país, con casi cuatro años por debajo de la media nacional, y la tasa más alta de tuberculosis.
El abandono de la sanidad pública en Melilla no solo es una cuestión técnica o de gestión, sino que tiene consecuencias palpables en la vida de los ciudadanos. La imposibilidad de acceder a especialistas, la obligación de desplazarse a la península para tratamientos tan delicados como la radioterapia o la inexistencia en Ceuta de unidades adaptadas para la atención de personas con autismo suponen una vulneración del derecho a la salud, especialmente en un territorio geográficamente aislado y con recursos limitados.
Las listas de espera se han disparado, superando en muchos casos los plazos establecidos por la legislación nacional. La atención primaria se encuentra desbordada, y la especializada apenas puede absorber la demanda de pacientes. Esta situación genera frustración tanto en usuarios como en los propios profesionales, que trabajan en condiciones límite, y sin respaldo institucional.
Desde hace más de un año, colectivos médicos y ciudadanos han alertado sin éxito al Gobierno central sobre el riesgo de colapso. La llegada de la denuncia a Bruselas representa para muchos melillenses una esperanza de que la presión internacional fuerce cambios que no se han producido por voluntad política interna. La ciudadanía confía ahora en que la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo obligue al Ejecutivo español a dar explicaciones y adoptar medidas urgentes que frenen el deterioro de un servicio esencial.
Infraestructura sin personal
La falta de profesionales también está afectando al aprovechamiento de recursos tecnológicos. A pesar de haber recibido fondos europeos Next Generation para modernizar sus infraestructuras, en muchas ocasiones los equipos permanecen sin uso por falta de personal capacitado. Es el caso del robot quirúrgico Da Vinci, que ha terminado utilizándose para colgar batas, o una resonancia magnética de última generación que ha tenido que ser externalizada por falta de radiólogos.
A ello se suman las condiciones laborales extremas que denuncian los médicos, con jornadas de guardia que superan ampliamente las 48 horas semanales. Muchos facultativos están obligados a estar localizados durante semanas enteras, lo que limita su descanso y su capacidad para salir de la ciudad. El sistema ha sido calificado por los propios profesionales como “feudal” y “esclavista”.
Además, sigue sin cumplirse el acuerdo, vigente desde 1997, que permite eximir de guardias a los médicos mayores de 55 años, lo que añade más tensión a un sistema ya colapsado.
Meses de movilización
Tal como publicó El Faro de Melilla el pasado mes de febrero, el Colegio de Médicos celebró la solicitud del Parlamento Europeo de actualizar la información sobre la crisis sanitaria en la ciudad. Ahora, esa petición ha prosperado y se abordará institucionalmente en Bruselas.
El Partido Popular considera que la Eurocámara “ha escuchado el clamor de los profesionales sanitarios y de la ciudadanía”, frente a un Gobierno “incapaz de cumplir sus promesas”. La portavoz Alma Ezcurra ha subrayado la urgencia de reforzar la plantilla médica, reducir listas de espera y mejorar la coordinación entre los distintos niveles asistenciales.
