Posiblemente, muchos melillenses se pregunten hoy qué consecuencias tiene la destacada noticia de la anulación de los Presupuestos de la Ciudad del pasado año 2010, a instancias del PSOE local y por sentencia judicial del Tribunal Superior de Andalucía. La respuesta no es fácil de afrontar para el propio promotor de la impugnación que sirve de origen al polémico fallo judicial. El propio Dionisio Muñoz, secretario general del PSME-PSOE, reconocía ayer que desconocía su alcance práctico. Por su parte, el portavoz del Gobierno local aseguraba tajante que el efecto material es cero, es decir ninguno, porque está referida a unos presupuestos que ya se han liquidado y no dejan resquicio a la marcha atrás en ningún sentido.
Lo cierto, salvo sorpresas jurídicas que no logramos atisbar, es que el fallo judicial no tiene consecuencias prácticas de ningún tipo. La sentencia sólo tiene, pura y llanamente, efectos políticos, y sirve de último cartucho a un PSOE muy vapuleado ya por las urnas en Melilla.
Sin embargo, de su detenida lectura se deduce que apunta más a defectos de forma que a cuestiones de fondo, puesto que en realidad ni pone en solfa las inversiones realizadas con esos presupuestos ni otros detalles que no sean de tipo formal, al margen de unas consideraciones sobre la venta de unos solares públicos que, en realidad, o no se llevaron a cabo o no se vendieron, según el caso, en las circunstancias que ha considerado el tribunal. Por tanto, mucho ruido político pero muy poca incidencia para el ciudadano, por mucha victoria que quiera y pueda arrogarse el PSOE a costa del mismo fallo judicial.
Sólo cabe preguntarse dónde estaba en este proceso la defensa jurídica de la Ciudad Autónoma, porque no se comprende que el TSJA haya podido dar por bueno extremos que en nada se corresponden con la realidad.
