"Pedro Sánchez no tiene prevista ninguna política de inmigración. Lo suyo es improvisar"

La Conferencia de Presidentes del pasado viernes pretendía ser el escenario perfecto para la puesta en común de los problemas de las comunidades autónomas y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla en materia sanitaria, de vivienda, inmigración y financiación autonómica.

Lejos del objetivo prioritario, este encuentro no fue productivo ni política, ni administrativamente hablando y, mucho, menos para Melilla tras las conclusiones extraídas por el vicepresidente primero Miguel Marín.

En el ámbito de la sanidad Marín insistió en el “abandono” por parte del Gobierno central.

En este sentido, recordó que la sanidad en Melilla es competencia del Gobierno de España y que “en sus seis años y medio como presidente, los datos en materia sanitaria han ido empeorando hasta límites inadmisibles”.

En calidad de presidente accidental, durante su intervención en la Conferencia de Presidentes, Marín puso el acento en el déficit de recursos humanos, las infraestructuras inadecuadas, la desigualdad y la falta de coordinación, así como la existencia de una huelga prolongada. El vicepresidente primero hizo hincapié en que “contamos con un nuevo hospital que aún no puede abrirse debido a problemas técnicos y a la falta de planificación. El hospital debería ser una solución y se ha convertido en un abandono administrativo”, matizó.

Respecto a la ratio entre médicos y población, Melilla registra una media de 1,3 médicos por cada mil habitantes, la más baja de España lo que “se traduce en largas listas de espera y en la sobrecarga de los pocos profesionales disponibles que afrontan jornadas interminables, falta de incentivos y desigualdades respecto a sus homólogos en otras comunidades autónomas”.

Ante el panorama sanitario que vive Melilla, Marín instó a adoptar medidas inmediatas, tales como la implantación de los incentivos económicos y laborales, la compatibilidad laboral o la dotación de material para el nuevo hospital. Sobre estas peticiones destaca la delegación de competencias: “dada la ineficacia de Ingesa solicitamos que se evalúe la viabilidad de llevar a cabo una encomienda de gestión a la Ciudad Autónoma que permita una gestión más directa y adaptada a las necesidades de Melilla”, expuso Marín.

Otro de los temas que se trataron en este encuentro fue el de los menores no acompañados.

Marín fue tajante al afirmar que “en los últimos 18 años, la Ciudad Autónoma ha gastado 187 millones de euros en atender a menores extranjeros no acompañados. Una cantidad de la que el Gobierno central sólo ha puesto 57 millones de euros”.

Con relación a la política de inmigración, Miguel Marín señaló que “lo primero que tiene hacer el Gobierno es poner sobre la mesa 130 millones de euros para compensar la diferencia, y en segundo término, para hablar de reparto de menores, lo primero que tienes que hacer es dotar económicamente a todas las comunidades autónomas para hacer frente a la atención de esos menores extranjeros no acompañados”.

Por otra parte, echó en cara al presidente del Gobierno no haber llevado a esta cumbre un documento analizando el trabajo realizado por las comunidades y ciudades autónomas, “no ha presentado ningún documento porque Pedro Sánchez no tiene prevista ninguna política de inmigración. Lo suyo es la improvisación. Ha pasado de querer acoger a todos los inmigrantes que iban en patera por el Mediterráneo a todo lo contrario. Creo que el equilibrio está en el término justo”.

La financiación autonómica ha sido otra de las políticas a abordar durante esta Conferencia de Presidentes, un tema en el que el Gobierno de la Ciudad siempre ha manifestado sus quejas con relación al presupuesto de Ceuta: “en 12 años, Melilla ha recibido 100 millones de euros menos respecto a Ceuta. Un agravio comparativo que no aceptamos”.

Muy molesto se muestra también el vicepresidente primero con la financiación a Cataluña: “estamos en contra de que Cataluña tenga una financiación singular, un cupo singular respecto al resto de regiones. Eso es negativo para el resto de España y para Melilla, en particular”.

Precisamente ayer, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, Fedea, emitió un comunicado pronunciándose sobre el modelo de financiación singular para Cataluña, pactado entre el PSC y Esquerra Republicana, alegando que “no cabe en nuestra Constitución” y “debilita sustancialmente la relación fiscal del Estado con los ciudadanos catalanes”, al tiempo que supondría una “nueva fragmentación” de la Agencia Tributaria.

El análisis, del que es autor Julio López Laborda, catedrático de Economía Pública de la Universidad de Zaragoza e investigador asociado de Fedea, expone que el texto del acuerdo es “intencionadamente ambiguo” y, aunque “tiene la apariencia de una reforma en profundidad de la financiación autonómica, sin salirse del modelo común”, subyace en realidad es una incorporación de Cataluña al modelo foral de País Vasco y Navarra.

Respecto a las políticas de vivienda, durante su turno de palabra en la Conferencia de Presidentes, Miguel Marín recalcó que “la ley de vivienda aprobada en mayo del 2023 se ha convertido en un lastre para resolver el problema, ya que esta ley está provocando que cada día nos encontremos con más viviendas vacías en nuestro país”. En su alocución, Marín defendió que se apruebe otra ley de vivienda que proteja a los propietarios al mismo tiempo que solicitó la aprobación de la ley anti ocupación.

Temas de gran envergadura sobre la mesa, las 17 comunidades autónomas y las 2 ciudades autónomas representadas en una Conferencia de Presidentes “inédita” y de la que, en su mayoría, los mandatarios regionales salieron desencantados. En líneas generales lamentan la falta de acuerdos y propuestas, de “folios en blanco” y “políticas improvisadas”.

A esta opinión se une la del representante de nuestra ciudad cuyo desencanto ha sido por partida doble, ya que a la ausencia de pactos se suma la actitud “narcisista y maleducada del presidente del Gobierno” quien quiso cortar su intervención a los 20 segundos de sobrepasar el tiempo estipulado, aduciendo que “no era el presidente el que hablaba” cuando Marín acudía en calidad de presidente accidental.

Todas y cada unas de estas cuestiones no hacen más que agrandar la brecha entre el Gobierno Central y la Ciudad Autónoma.