Ricardo De Lorenzo y Montero, jefe de los servicios jurídicos del Consejo General de Colegios Médicos de España (CGCOM) y presidente del bufete De Lorenzo Abogados, publicó el pasado miércoles un artículo de opinión en el digital redaccionmedica.com sobre la situación sanitaria de Ceuta y Melilla con un análisis certero de la situación que viven ambas ciudades.
Bajo el título “Ceuta y Melilla, ¿una sanidad al margen del Derecho Europeo?”, describió las singularidades ceutíes y melillenses, pero, sobre todo, subrayó los agravios que están mermando la atención sanitaria, según ha señalado públicamente el Colegio de Médicos.
La situación sanitaria en Ceuta y Melilla, “territorios europeos con una singularidad geográfica y política innegable”, “vulnera no sólo principios básicos de equidad del sistema nacional de salud, sino también normas esenciales del Derecho de la Unión Europea”, manifiesta De Lorenzo. El “deterioro de las condiciones laborales de los facultativos y el impacto negativo en la calidad asistencial han alcanzado un punto crítico” que llevó a una huelga indefinida del colectivo médico. Aunque la huelga se ha suspendido -añade el letrado-, “la situación que la originó persiste sin soluciones estructurales a la vista”, lo que se considera, desde su punto de vista, una “vulneración sistemática de derechos fundamentales”.
Detalla que esta problemática se debe a factores estructurales como “insuficiencia de recursos humanos, falta de incentivos efectivos, gestión sanitaria centralizada sin respuesta operativa y un marco normativo cuya aplicación ha sido reiteradamente ignorada”. Las ciudades autónomas, recuerda, dependen del Ingesa, “cuya actuación ha sido, hasta ahora, insuficiente". A pesar de que en febrero de 2023 se aprobó el Real Decreto 118/2023, que reconocía a Ceuta y Melilla como Áreas de Difícil Cobertura y habilitaba medidas incentivadoras, puntualiza que "”más de dos años después, ninguna de estas medidas se ha materializado. La declaración ha quedado en el plano formal, sin eficacia práctica, y los problemas estructurales se mantienen”.
La Organización Médica Colegial de España ha denunciado esta situación ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, el propio Ricardo de Lorenzo fue el encargado de defender la petición, y lo hizo alegando una “posible infracción continuada del Derecho de la Unión Europea” y cuestionando la “ineficiencia en la gestión de fondos europeos”. Jurídicamente -apunta-, se vulnera la Directiva 2003/88/CE sobre el tiempo de trabajo, ya que “las jornadas exceden los límites legales y los tiempos de descanso no se respetan”. También se infringe el “artículo 31 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, que reconoce el derecho de todo trabajador a condiciones laborales justas y equitativas, y del artículo 35, que garantiza el derecho a la protección de la salud”.
Enfatiza que “no estamos ante un problema administrativo o simplemente laboral, sino ante un posible incumplimiento jurídico con efectos directos sobre la salud de los ciudadanos y la integridad profesional de los facultativos”. Y añade que “la responsabilidad administrativa es plenamente estatal” dado que la gestión es directa del Ingesa. La “brecha asistencial manifiesta” entre estos territorios y el resto del Estado es “incompatible con el principio de cohesión territorial”. La Comisión Europea, apostilla De Lorenzo, tiene competencia para “supervisar la correcta aplicación de sus directivas” e “iniciar procedimientos de infracción si se constata una vulneración sistemática de derechos fundamentales”.
A modo de conclusión expone que “la igualdad en el acceso a la atención sanitaria no puede depender del territorio, ni el respeto al Derecho Europeo puede tener excepciones geográficas”.
La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha mantenido abierta la reclamación, lo que “supone un paso significativo” y “alimenta la esperanza de que, más pronto que tarde, se exija una respuesta efectiva y ajustada al Derecho por parte del Estado español”. Finalmente, subraya que los ciudadanos y profesionales de Ceuta y Melilla “tienen derecho a que se les apliquen las mismas normas, con las mismas garantías y con la misma eficacia”.
