El Defensor del Pueblo también ha iniciado una actuación de oficio con las administraciones autonómicas y la Secretaría de Estado de Medio Ambiente para supervisar la puesta en marcha de las nuevas medidas establecidas por la legislación sobre la retirada del amianto de instalaciones y emplazamientos que contengan este material tóxico. La institución recuerda que la exposición al amianto está asociada a graves enfermedades respiratorias, a consecuencia del deterioro de los materiales que favorece la liberación de fibras. Por este motivo, su utilización y comercialización quedó prohibida en España desde 2002, tras la entrada en vigor de la Orden ministerial de 7 de diciembre de 2001, por la que se modifica el anexo I del Real Decreto 1406/1989, de 10 de noviembre, sobre limitaciones a la comercialización y al uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos, que da cumplimiento a una directiva europea.
No obstante, dicha orden no obligaba a retirar el amianto ya instalado, por lo que hoy aún existen edificaciones con él, que se pueden mantener hasta el final de su vida útil, entre 20 y 30 años. De ahí que la nueva legislación estatal, introducida por la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, suponga un claro avance en lo referido a las previsiones de retirada del amianto de instalaciones y emplazamientos. La disposición adicional decimocuarta de esta norma establece el plazo de un año para que los ayuntamientos elaboren un censo de instalaciones y emplazamientos con amianto y un calendario para su retirada. El plazo concluye el 10 de abril de 2023.
El censo y el calendario tienen carácter público y deben ser remitidos a las autoridades sanitarias, medioambientales y laborales competentes de las comunidades autónomas, las cuales deberán inspeccionar y verificar, respectivamente, que los materiales se han retirado y enviado a un gestor autorizado. En el calendario de retirada se deben priorizar las instalaciones y emplazamientos según el grado de peligrosidad y exposición de la población más vulnerable. En todo caso, las instalaciones y emplazamientos de carácter público con mayor riesgo deberán estar gestionados antes de 2028.
Estado de puesta en marcha de las medidas
Tras un análisis de las respuestas recibidas hasta finales de 2022, el Defensor del Pueblo ha concluido que algunas administraciones se hallan aún en la fase 2. Algunos asuntos destacados sobre la situación y perspectivas del proceso de retirada del amianto antes del impulso de las medidas previstas en la norma hizo que las posibilidades de cumplir el plazo fuera escasas. Las consejerías de medio ambiente de Andalucía, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Melilla y Navarra no habían contestado al Defensor del Pueblo en 2022, y otras, como la de Andalucía y la de Melilla, enviaron sus informes al inicio del año en curso y se hallan en estudio.
'Una Melilla libre de amianto'
La Federación de Industria, Construcción y Agro de la Unión General de Trabajadores (UGT FICA) y la plataforma Stop Desahucios Melilla, junto con abogados y el ex senador Carlos Benet realizaron, el pasado día 2 de noviembre, a las puertas de la Consejería de Hacienda, una concentración para pedir ‘Una Melilla libre de amianto’.
Haora que vengan y me digan que tengo
techos de uralita de amianto, que les voy
a enseñar la sentencia de que me lo tenían
que arreglar y a vuelta de hoja sale CPM
y con la paga del IMSERSO la puedo arreglar
todo eso pasando por todo su organigrama
de sus asistencias sociales claro se comprende
sus asistencias sociales no?