La ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, señaló que se puede hacer un “balance positivo” de la Ley de Dependencia, “fruto, en buena medida, de la colaboración interinstitucional”, que agradeció y reconoció. También aseguró que el Gobierno está trabajando para que “las prestaciones por dependencia se garantice y el calendario de implantación se ejecute conforme a lo previsto”. Asimismo, señaló que “mejorar en la aplicación de la Ley es tarea de todas las administraciones responsables”, una tarea en la que a ella la van a encontrar “en primera línea”.
Además, propuso ayer, durante la inauguración del III Congreso Internacional Dependencia y Calidad de Vida, un gran acuerdo por la Autonomía Personal y la Atención a la Dependencia. Pajín hizo esta propuesta a administraciones públicas, comunidades autónomas, corporaciones locales, partidos políticos, interlocutores sociales y organizaciones.
Dependencia en cuatro años
La ministra también tuvo unas palabras para la iniciativa privada, que tiene un “papel fundamental” como interlocutor permanente con la Administración.
La titular de Política Social destacó que el Gobierno trabaja en consolidar los avances realizados y dar respuesta a las necesidades y demandas de los ciudadanos y ciudadanas, buscando proporcionarles la mejor cobertura y atención. De ahí, la propuesta de un gran acuerdo por la Autonomía Personal y la Atención a la Dependencia. Así, a lo largo de su intervención, Leire Pajín recordó los datos más importantes de la Ley de Dependencia desde su entrada en vigor el 1 de enero de 2007, a la vez que se ha fijado en los retos futuros. La ministra subrayó que la Ley sentó las bases de un nuevo derecho de ciudadanía gracias al que más de 700.000 personas reciben ya las prestaciones o servicios a los que tienen derecho. También comentó que esta medida ha apoyado a quienes más atención necesitaban, destacando que a finales de 2010 cuatro de cada cinco personas reconocidas como grandes dependientes (Grado III) ya recibían la prestación o servicio asignado.
Financiación
En materia de financiación, desde 2007 y hasta finales de 2010 el Estado ha aportado más de 5.300 millones de euros al desarrollo de la Ley. En este sentido, la ministra informó de que el Ejecutivo ha contribuido a la puesta en marcha de la ley con recursos por encima de los previstos en la memoria económica de esta normativa y con aportaciones extraordinarias, como los 400 millones de euros invertidos en infraestructuras y servicios dentro del Plan E y añadió la creación de nuevos centros de referencia estatal para la atención a las personas con gran dependencia.
En cuanto al empleo, hasta el final de 2010 se han producido 260.000 altas nuevas en la Seguridad Social relacionadas con esta Ley lo que demuestra, en palabras de Pajín, que “esta Ley sigue siendo una apuesta clara de actividad económica y laboral, además de garantizar equidad y justicia social”.
Por otro lado, la ministra argumentó que se está trabajando en una evaluación de este reglamento, que pretende analizar el cumplimiento de las previsiones de la Ley y de la puesta en marcha del Servicio de Atención a la Dependencia, sus resultados más tangibles, su financiación y su impacto social.
Así, indicó que el análisis de los datos y las conclusiones que se obtengan con en esta evaluación van a facilitar que se adopte, en el seno del Consejo Territorial del SAAD, un gran acuerdo entre todas las administraciones, que afianzará y dará completa vigencia a la Ley de Dependencia.
Retos del futuro
Respecto a los retos de futuro, la ministra declaró la importancia de la promoción de la autonomía personal para retrasar la aparición de las situaciones de dependencia más acusadas y ofrecer más calidad de vida en todo el proceso de envejecimiento.
En este sentido, el Gobierno aprobó hace poco tiempo el Real Decreto que fija los servicios y prestaciones económicas a los que podrán acceder las personas con dependencia moderada (Grado I).
En este sentido, entre los servicios aprobados destacan los de promoción de la autonomía personal, como la rehabilitación y terapia ocupacional; la atención temprana; la estimulación cognitiva; la promoción, el mantenimiento y la recuperación de la autonomía funcional; la habilitación psicosocial para personas con enfermedad mental o discapacidad intelectual; y los apoyos personales y cuidados en alojamientos especiales, esto es, viviendas tuteladas.
