Tras intentar sin éxito que se supendiera por decisión judicial la toma de declaración.
Tanto el presidente de CpM, Mustafa Aberchán, como el exvicesecretario general del PSME-PSOE y actual secretario general de UGT en Melilla, Alonso Díaz, se negaron ayer a declarar en un procedimiento para el que intentaron inicialmente sin éxito que se suspendiera su toma de declaración y se procediera a la nulidad de actuaciones.
En total, fueron siete los imputados, entre ellos la esposa, dos hijas y hermana de Aberchán, los que ayer se negaron a declarar en un procedimiento que, en palabras de Aberchán, “está contaminado”.
Los imputados, no sólo los citados ayer, sino también el resto hasta el total de 25 llamados a comparecer en el Juzgado hasta el próximo viernes, primero solicitaron que se suspendieran las declaraciones alegando razones de nulidad en las actuaciones que el juez instructor ha desestimado, del mismo modo que ha desestimado el recurso de nulidad presentado por Aberchán ante el mismo juez el pasado 20 de enero.
Para hoy están llamados a declarar, igualmente en calidad de imputados, varios dirigentes socialistas, como el secretario general del PSME-PSOE, Dionisio Muñoz; la secretaria de igualdad y diputada local, Celia Sarompas; y la secretaria de Movimientos Sociales de la ejecutiva del mismo partido, amén también de candidata por la misma formación política en las elecciones del 22 de mayo próximo, Nora Hammad Hamida. También está citado para este miércoles el secretario del Área de Educación del PSME-PSOE, Rafael Robles.
Ya el jueves día 10, están llamados el diputado local por el PSME-PSOE y secretario general de Juventudes Socialistas de Melilla, Amín Azmani; el secretario de organización de las mismas JJ.SS., Sergio Ramírez; el secretario del Área de Transportes del PSME-PSOE, José Gabriel Jiménez.; y la secretaria del Área de Bienestar Social del mismo partido y directora del CETI, Rabea Aomar Mohamed.
Imputaciones
Todos ellos, en total 27, están imputados por un delito electoral continuado, aunque a Mustafa Aberchán, Dionisio Muñoz y Amín Azmani también se le imputan otros tipos de delitos electorales, como ocurre, en menor medida, con la diputada local por el PSOE, Celia Sarompas, y el exvicesecretario general del PSME-PSOE y secretario general actual de la UGT en Melilla, Alonso Díaz.
Además a Dionisio Muñoz, Mustafa Aberchán, el diputado local y secretario general de Juventudes Socialistas (JSME), Amin Azmani, el secretario de Organización de la JSME, Sergio Martínez, y la adjunta de éste, Eman Mohamed, también se les imputa un presunto delito de falsedad de los previstos en el Código Penal.
Se desconoce si los citados en el día de hoy se prestarán a declarar, aunque es posible que sigan la misma táctica que ayer siguieron, entre otros, Mustafa Aberchán y Alonso Díaz.
En declaraciones a RNE, Muñoz se negó a adelantar ayer qué podría pasar para “no romper”, según señaló, “la táctica de su abogado defensor”. No obstante, advirtió que podría pasar que no declarara porque, en un simil que presentó como de fácil comprensión para la audiencia, “nadie acudiría a confesarse ante un sacerdote acusado de pederastia”. Para Muñoz, el proceso no deja de ser una “fantástica historia” que ha preparado el PP con motivo de las próximas elecciones autonómicas del 22 de Mayo, gracias a que la instrucción, a su juicio, “está llena de irregularidades”.
Como ha venido informando ‘El Faro’ en estos días, el origen del procedimiento se remonta a unas diligencias previas abiertas en marzo de 2008 para investigar un supuesto delito electoral, ampliado posteriormente a un delito contra la Administración Pública.
El juez considera que la investigación realizada ha puesto de manifiesto, indiciariamente, la existencia de un "entramado" conformado por diversas personas que han pretendido la "obtención ilegítima" de votos a favor de la coalición CpM-PSOE, incumpliendo los trámites establecidos para el voto por correo y que comprende distintas fases.
Estas fases van desde la solicitud del voto mediante "dádivas, promesas o remuneraciones directas", consistente en la promesa o concesión de un puesto de trabajo en los Planes de Empleo dependientes de la Delegación del Gobierno; el incumplimiento de los trámites establecidos para el voto por correo mediante su "manipulación directa" o la remisión de cartas falsas como efecto llamada o en confirmación de las promesas realizadas.
Asimismo, el juez instructor hace referencia a la "alteración o incumplimiento" de los criterios establecidos para la atribución de puestos de trabajo de los citados planes, con objeto de dar "preferencia" a las personas que votaron a CPM-PSOE o que prestaron servicios para dicha coalición. No obstante, advierte que esta fase, que derivaría en un presunto delito contra la Administración Pública, aún está en investigación y que, por ello, no se han realizado aún ninguna imputación a este respecto.
Origen del procedimiento
Como ha venido informando ‘El Faro’ en estos días, el origen del procedimiento se remonta a unas diligencias previas abiertas en marzo de 2008 para investigar un supuesto delito electoral, ampliado posteriormente a un delito contra la Administración Pública.
El juez considera que la investigación realizada ha puesto de manifiesto, indiciariamente, la existencia de un "entramado" conformado por diversas personas que han pretendido la "obtención ilegítima" de votos a favor de la coalición CpM-PSOE, incumpliendo los trámites establecidos para el voto por correo y que comprende distintas fases.
Estas fases van desde la solicitud del voto mediante "dádivas, promesas o remuneraciones directas", consistente en la promesa o concesión de un puesto de trabajo en los Planes de Empleo dependientes de la Delegación del Gobierno; el incumplimiento de los trámites establecidos para el voto por correo mediante su "manipulación directa" o la remisión de cartas falsas como efecto llamada o en confirmación de las promesas realizadas.
Asimismo, el juez instructor hace referencia a la "alteración o incumplimiento" de los criterios establecidos para la atribución de puestos de trabajo de los citados planes, con objeto de dar "preferencia" a las personas que votaron a CPM-PSOE o que prestaron servicios para dicha coalición. No obstante, advierte que esta fase, que derivaría en un presunto delito contra la Administración Pública, aún está en investigación y que, por ello, no se han realizado aún ninguna imputación a este respecto
