La Benemérita desmiente “tajantemente” lo expuesto por AUGC, ya que considera que es “rotundamente falso”.
La Delegación del Gobierno en Melilla negó ayer, en palabras a El Faro, que las armas largas entregadas a los GEAS guarden relación con la gestión de las políticas migratorias. Desde este órgano, dependiente del Ejecutivo central, reiteran que “no suelen entrar en cuestiones operativas de las Fuerzas de Seguridad del Estado”, pero aclaran que, consultando al Instituto Armado, han tenido constancia de que este tipo de armamento “tan sólo está previsto para la lucha antiterrorista” y “en ningún momento” para parar los motores de las pateras que se dirijan a la costa española.
Desde este organismo añaden, en respuesta al escrito de AUGC, que este tipo de equipamiento “es igual al que lleva cualquier otro equipo de la Benemérita, ya sea en vehículos terrestres o marítimos”, y que tan sólo sirve “como protección ante el actual nivel de alerta terrorista existente en nuestro país”.
Respuesta de la Benemérita
Desde la Comandancia de la Guardia Civil de Melilla emitieron un comunicado expresando su disconformidad con las informaciones vertidas por AUGC, ya que las consideran “rotundamente falsas” y las desmienten “tajantemente”.
Según fuentes del Instituto Armado, “no se ha dado ninguna instrucción de uso de este tipo de material en ninguna actuación relacionada con la inmigración irregular”. Según lo declarado desde Comandancia, Melilla no cuenta con Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil, por lo que “el GEAS asume estas competencias habitualmente para las que necesita estar dotados del mismo material con el que cuentan el resto de Servicios Marítimo”. Así, relatan, podrían actuar ante una situación de emergencia, como pudiera ser un control antiterrorista en el ámbito marítimo, uno de narcotráfico o de delincuencia organizada u otra actuación de ese tipo pudiera darse en el servicio.
“A finales del año pasado, el GEAS -como el resto de unidades del Cuerpo- relacionó el material que consideraba necesario para gestionar el nivel de alerta en el que se encuentra España. La solicitud fue atendida por la Jefatura de la Comandancia de Melilla, adjudicando las armas que se encuentran depositadas en el armero del GEAS de la Comandancia y que solo son extraídas según la doctrina de empleo para las contingencias señaladas de control antiterrorista o narcotráfico organizado. Nunca para el control de la inmigración irregular”, afirmaron.
Comandancia inicia una investigación ante posibles injurias
La Guardia Civil, en el escrito remitido ayer para responder a la Asociación Unificada de Guardias Civiles, consideraba que “ante la gravedad de las insidias del comunicado”, la Comandancia había decidido iniciar una investigación para averiguar la procedencia y autoría de los escritos a los que se refiere la AUGC, para tener conocimiento de si fueran constitutivos de un delito de injurias y calumnias.
Quisieron aclarar que, “en ningún caso”, se puede entender que una asociación profesional de guardias civiles se pueda hacer eco una información “sin contrastar y completamente falsa, sacando las conclusiones propias de unas declaraciones que tienen por objetivo lesionar la imagen del Benemérito Instituto”, concluyeron en la nota de prensa entregada.
Sobre los supuestos abusos de este oficial a sus subordinados no llegaron a pronunciarse en este documento remitido a los medios de comunicación de la ciudad.
Aprogc: “Tener esas armas no significa que se utilicen”
AUGC denunció ayer la actitud del suboficial al mando del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS), que según esta asociación, “había solicitado armas largas y material antidisturbios para disparar a los motores de las pateras si no se detienen”. Además, alegaron que “la presión de los guardias civiles de esta unidad de actividades subacuáticas por la actitud de dicho mando” había provocado ocho bajas en tan sólo un año de servicio”.
En la nota de prensa, además, señalaban que “este suboficial es directivo de una asociación que dice defender los derechos de los guardias civiles”.
Preguntados en Aprogc por tales acusaciones, contestaron que “sea este suboficial o no miembro de nuestra organización, la opinión de Aprogc no es relevante en este caso, sino la de la Jefatura de Comandancia, que es quien ha provisto de este armamento a la unidad operativa”.
Quisieron expresar, por otra parte, que el número de denuncias interpuestas en Comandancia “supera el número de efectivos dispuestos entre los GEAS, lo que deja intuir que se pueda haber cometido algún tipo de irregularidad en el momento de presentar las quejas”.
De todas maneras, el portavoz de esta organización de guardias civiles afirmó que “dejarían que fuese el mismo Instituto Armado el que tomara la palabra al respecto”, ya que “eran conscientes que había una investigación al respecto”.
Desde esta asociación, además, señalaron que “antes de emitir comunicados se debería conocer con exactitud el tema del que se está hablando, informarse de cuáles son los procedimientos, con cuantas personas se llevan a cabo y con qué material. No hablar por hablar”.
Para concluir, desde Aprogc señalaron que “tener este material no tiene por qué significar que vaya a ser usado”, y que antes de ser utilizados -como con cualquier otro equipo de antidisturbios- “la orden ha de ser dada por el político responsable, que ha de solicitarlo por escrito. A partir de ahí, será el mando el que habrá que tomar las decisiones oportunas en los momentos oportunos”, señalaron desde Aprogc.
