Las penas de cárcel por este delito eran antes de 4 a 8 años y ahora pueden quedarse en una multa.
La reforma del Código Penal (CP), en vigor desde el pasado 1 de julio, implicará una revisión de las sentencias en Melilla, especialmente, las relativas al tráfico de inmigrantes. Este delito suele ser frecuente en la ciudad autónoma no sólo por la llegada de pateras, en las que es el patrón el juzgado, sino también los conductores que cruzan la frontera con vehículos en los que llevan oculto a inmigrantes en dobles fondos. La Audiencia Provincial, que juzga este tipo de delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros recogidos en el artículo 318 bis del CP, y la Fiscalía deberán ahora empezar a revisar todas las sentencias condenatorias y estudiar caso a caso la posible modificación de la condena impuesta a los autores de tráfico de inmigrantes.
De hecho, en una nueva circular de la Fiscalía General del Estado del pasado 22 de junio se establece que “en el proceso de revisión deberá tenerse en cuenta la gravedad del hecho, las circunstancias en que el mismo se ha cometido, las características y condiciones de su autor y particularmente el tiempo que el reo lleva privado de libertad por los hechos objeto de la condena, dado que no es inimaginable que al tiempo de procederse a la revisión, la pena de prisión pueda estar cumplida conforme a la nueva regulación”. Ello podría implicar que condenados por tráfico de inmigrantes salieran el libertad al tener cumplida ya la condena con la reforma del CP.
El artículo 318 bis del nuevo Código Penal establece una pena de multa de tres a doce meses o prisión de tres meses a un año. La misma pena se aplica para el que cobre una cantidad de dinero por introducir a extranjeros no comunitarios en España. No es así para aquellas personas que por motivos de “ayuda humanitaria” faciliten la entrada de no comunitarios en territorio español. En este caso, los hechos “no serán punibles”.
Las penas de cuatro a ocho años de prisión se reservan, en el nuevo Código Penal, para los casos agravados, como es la pertenencia a una red de tráfico de inmigrantes o cuando al introducir en España a un inmigrante, las condiciones de esa entrada pusieran en peligro su vida o le causen lesiones graves.
España en la ONU: “En la frontera de Melilla se respetan los derechos humanos”
Una delegación de España acudió ayer al Comité de Derechos Humanos de la ONU y respondió a una cuestión planteada respecto a las “situaciones de violencia y malos tratos contra inmigrantes en Melilla y Ceuta”. La comitiva española, formada por representantes de la Fiscalía General del Estado, y de los Ministerios de Exteriores, Justicia, Interior, Educación, Empleo y Sanidad, aseguró que en las fronteras de ambas ciudades autónomas se respetan los derechos humanos. Concretamente, el representante de la Subdirección General de Relaciones Internacionales del Ministerio de Justicia, Francisco González Pacheco, recordó que los Cuerpos de Seguridad del Estado no sólo vigilan las fronteras, sino que velan por la seguridad ciudadana. “A veces los asaltos a los vallados son violentos, ante los cuales se busca responder respetando los derechos humanos”, señaló.
Por su parte, el inspector jefe de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras del Cuerpo Nacional de Policía, Francisco Coria Rico, dijo que “en Melilla y Ceuta, ningún solicitante de asilo es detenido y todas las solicitudes de asilo son admitidas a trámite”.
