Vuelve a instrucción el caso de la compra de votos para el PP por vales de comida

El caso de la supuesta compra de votos para el PP a cambio de vales de comida regresará al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Melilla. El juicio por este procedimiento estaba previsto que arrancase ayer en el Juzgado de lo Penal número 1, con el popular Hassan Dris, actual presidente de Emvismesa, y con Mimun Mohamed, que fue presidente de la Asociación Cultural ‘Namibia’, como acusados de cometer delitos electorales continuados. Los hechos que se iban a enjuiciar supuestamente tuvieron lugar durante el periodo electoral de 2007.

El juez, a petición de las defensas, declaró la nulidad de las actuaciones practicadas, por lo que el caso tendrá que regresar a su fase de instrucción. Así lo acordó el titular del Penal 1 después de que los abogados de los procesados indicasen en el trámite de las cuestiones previas que en 2013, cuando se realizó el trámite de transformación del auto en procedimiento abreviado, no se dio traslado del mismo a Coalición por Melilla (CpM), que está personada en esta causa junto al PSOE como acusación particular.

Según alegaron ayer los letrados defensores, esto imposibilitó que el principal partido de la oposición pudiera recurrir determinadas actuaciones o presentar su escrito de calificación, por lo que se causó indefensión hacia CpM. Una vez que regrese la causa a su fase de instrucción, se podrán solicitar nuevas pruebas o diligencias instrumentarias, según apuntaron a El Faro fuentes cercanas al caso.

Pedían un mes de cárcel

El Ministerio Público pedía para los dos procesados un mes de prisión, una multa de 3.000 euros e inhabilitación especial para el cargo o empleo público por tiempo de tres años. Según mantenía en su escrito, Mimun Mohamed se “prevaleció de la situación de necesidad económica” que atravesaban las personas que acudían al local en el que él gestionaba un curso de tamazigh, que eran en su mayoría de origen bereber y dependientes de ayudas públicas sociales.

Supuestamente, el encausado se aprovechó de las circunstancias de estos usuarios para inducirlos a “vender” su documentación electoral a cambio de vales de alimentos.

Así, Mimun Mohamed animó a estas personas para que solicitasen el voto por correo, siendo él quien rellenaba las peticiones para que luego sus titulares fuesen a depositarlas a Correos.

“Comercializó” con los votos

Una vez que los titulares recibían en sus hogares el sobre con las papeletas electorales, quedaban “obligados” a dárselas al procesado en el local, siempre según la versión que sostenía el Ministerio Público en su escrito.

“En recompensa a la cesión de esos votos, con los que estaba comercializando, le otorgaba a estas personas un vale de alimentos por cuantía de 60 euros, cargados a la Consejería de Bienestar Social y Sanidad”, manifestaba la fiscal en su escrito acusatorio. A partir de entonces, los usuarios se desentendían de lo que ocurría con sus votos.

“Los vales de alimentos no siguieron los trámites administrativamente previstos legalmente para los mismos, dado que dicha conducta contaba con el beneplácito y aquiescencia del viceconsejero de Asuntos Sociales, Hassan Dris, quien los expedía”, sostenía la Fiscalía en su informe.