Agentes de la Policía Nacional han desmantelado dos organizaciones criminales dedicadas a facilitar de manera fraudulenta la obtención de autorizaciones de residencia para ciudadanos extranjeros mediante la creación de falsas parejas de hecho. Las investigaciones, llevadas a cabo por la Unidad Contra las Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) de la Jefatura Superior de Policía de Melilla, han permitido detener a 34 personas y situar a un total de 62 implicados bajo investigación por su posible participación en delitos de falsificación documental y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.
La investigación principal, conocida como Operación DAFNE, comenzó en mayo de 2025, cuando los agentes detectaron una estructura organizada que se dedicaba a fabricar documentación falsa con el objetivo de simular la existencia de relaciones de convivencia entre ciudadanos españoles y ciudadanos marroquíes.
La organización elaboraba distintos documentos falsificados, entre ellos actas notariales, contratos de alquiler y certificados de empadronamiento correspondientes a diferentes municipios de Cataluña. Estos documentos eran utilizados para aparentar que las parejas mantenían una convivencia estable y que cumplían los requisitos necesarios para acceder a una autorización de residencia.
La red contaba con una organización interna definida en la que participaban diferentes personas con funciones concretas. Entre ellas se encontraban un abogado y una asesora administrativa, encargados de preparar y gestionar los expedientes de extranjería. Los responsables de la trama captaban principalmente a ciudadanos españoles en Melilla, Málaga y Santa Cruz de Tenerife, quienes posteriormente eran trasladados a notarías situadas en Barcelona y Girona para formalizar las parejas de hecho fraudulentas.
El objetivo de la organización era obtener beneficios económicos a través de estos trámites ilegales. Los ciudadanos extranjeros interesados en conseguir la autorización de residencia pagaban cantidades que oscilaban entre los 10.000 y los 12.000 euros. De ese importe, las personas que aceptaban formar parte de la pareja de hecho recibían aproximadamente 2.000 euros, mientras que los falsos testigos que participaban en el procedimiento obtenían alrededor de 500 euros. El resto del dinero era distribuido entre los responsables de la organización, los gestores y las personas encargadas de captar a los participantes.
Hasta el momento, la Operación DAFNE se ha cerrado con 30 detenciones, siete personas investigadas y la emisión de 21 órdenes de detención destinadas a localizar a otros implicados que continúan en paradero desconocido.
Una segunda investigación relacionada con otra pareja de hecho fraudulenta
De forma paralela, la UCRIF de Melilla ha desarrollado una segunda actuación policial que ha permitido detener a cuatro personas vinculadas con otra pareja de hecho falsa constituida en Barcelona.
Las investigaciones comenzaron en diciembre del año pasado, después de que los agentes detectaran irregularidades en una autorización de residencia concedida por la Oficina de Extranjería de Málaga a un ciudadano marroquí. Las pesquisas permitieron determinar que dicha autorización se había basado en una pareja de hecho registrada en 2021 con una ciudadana española residente en Melilla.
Según la investigación, la documentación notarial presentada para acreditar la relación incluía elementos falsificados que permitieron aparentar una situación de convivencia que no se correspondía con la realidad.
Además de los dos miembros de la pareja, los agentes procedieron a la detención del presunto captador e impulsor del fraude, así como de la persona que habría facilitado un empadronamiento ficticio utilizado para justificar la convivencia entre ambos.
La operación finalizó a finales del pasado mes de junio con la detención del último implicado en Barcelona. El atestado policial elaborado durante la investigación ya ha sido enviado al Tribunal de Instancia de Melilla, concretamente a la Sección Civil y de Instrucción número 5.
Estas actuaciones forman parte de la labor continuada de la Policía Nacional para combatir las redes que favorecen la inmigración irregular y perseguir los fraudes documentales empleados para conseguir de forma ilícita autorizaciones de residencia en España.
