El equipo docente del IES Rusadir ha vuelto a alzar la voz para denunciar casos de violencia a docentes. En los últimos años, la escala de violencia ha subido, y la Junta de Personal Docente No Universitario de Melilla cree que es razón suficiente para tomar medidas más serias. Lo hacen en nombre de la dignidad y la seguridad del profesorado. Sujetaban una pancarta con el lema “estamos para enseñar, stop violencia contra los docentes”.
Aseguran que no van a tolerar agresiones, intimidaciones ni violencia dentro ni fuera de las instalaciones escolares, por mucho que pretendan normalizarse estos actos “o instalarse en el día a día de la vida docente”. La Junta representa a todos los cuerpos docentes de la ciudad que dependen del Ministerio de Educación. Hacen un llamamiento al resto de la comunidad educativa para que se sumen a la concentración.
La sociedad en su conjunto, según Elvira Sánchez, presidenta de la Junta, no debe mirar a otra parte. “La educación es un pilar fundamental para el desarrollo de cualquier sociedad. Los y las docentes son el motor imprescindible de este proceso”. Exigen comprensión y respaldo por parte de los melillenses, puesto que estas agresiones no son solo hacia personas; atentan contra el propio sistema educativo.
La inacción y la “falta de medidas eficaces” están en el centro de la diana. El profesorado no cuenta con las herramientas suficientes para “prevenir, frenar y erradicar” estos episodios. “La seguridad y la integridad física, psicológica y moral de los y las docentes debe ser una prioridad absoluta e innegociable para nuestra Administración educativa”. El manifiesto iba dirigido tanto a la Dirección Provincial como al Ministerio.
Entre las peticiones, figuran la creación de una unidad de atención al profesorado dependiente de la Dirección que ofrezca asistencia inmediata, acompañamiento psicológico y asesoramiento jurídico al docente agredido. Un protocolo específico y efectivo de actuación para los centros educativos (el actual es de la Administración General del Estado). Defienden que no prestan meros servicios administrativos a los ciudadanos; son una parte fundamental de la educación de los menores en nuestro país.
Inciden en el refuerzo de la autoridad docente y de la protección jurídica, con asistencia legal inmediata por parte de la Administración. Igualmente, piden incluir un servicio permanente de seguridad y vigilancia en las puertas de los centros durante todo el curso escolar. Su presencia en las entradas, salidas y con el flujo constante de personas que acceden a las instalaciones, prevendría mejor situaciones de riesgo.
La meta es crear un entorno más seguro para alumnos y profesores. Para ello, ven oportuno que se diseñen planes concretos y que haya una coordinación mayor con Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Por último, reclaman a los destinatarios del manifiesto que se desarrolle un canal que recoja y haga posible el seguimiento de los casos desde la transparencia. “Que ningún caso quede invisibilizado o impune”.
Para Elvira Sánchez, es una realidad compartida con otras regiones. “La violencia se da en las calles, y los centros educativos son reflejo de lo que ocurre fuera. Es algo con lo que tenemos que convivir, pero necesitamos para eso herramientas eficaces”. La última agresión fue a un compañero del IES Rusadir, y no tienen constancia de que haya habido una respuesta por parte de las autoridades educativas.
Hay casos extraordinarios que requieren medidas acordes a ellos. Los sindicatos de Melilla han preparado un borrador consensuado con todas las peticiones; los sistemas de sanción no cubren todos los actos que se puedan producir. Con la violencia, “estamos hablando de palabras mayores”, declaró la presidenta de la Junta.
El cambio de enfoque sería hacer competente a la Dirección Provincial para denunciar de forma directa al alumno cuando se trate de una falta irrepetible. Los docentes asumen su compromiso con la educación, con los menores y las familias, pero hay límites que consideran necesarios para poder ejercer su labor diaria.
