Economía, Empleo y Turismo

Vox Melilla respalda a los interinos de la Ciudad Autónoma

El partido sostiene que, una vez más, el Gobierno traslada las soluciones "a los hombros de los ciudadanos".

Al referirse a la falta de rigor en el cumplimiento de la Ley 20/2021 de Medidas Urgentes para la Reducción de la Temporalidad en el Empleo Público, Vox Melilla ha considerado que “una vez, más el Gobierno sigue sin pagar las consecuencias para trasladar después las soluciones a los hombros de los ciudadanos”

El nuevo comunicado de la formación local recuerda que dicha ley se aprobó el año pasado para todo el territorio nacional, pero “se sigue sin ofertar las plazas a estos trabajadores”.

Seguidamente, añade que existen parámetros bien definidos que apuntan a quiénes tienen derecho a estabilizar su puesto de trabajo, y asegura que “no se entiende cómo es posible que, existiendo esta ley, habiendo un acuerdo del Gobierno de la Ciudad con los sindicatos y un sinfín de precedentes, el Ejecutivo todavía no haya aplicado aún la legislación”.

En esa misma cuerda, Vox Melilla expone que el Gobierno de Sánchez pretende mandar a los interinos a casa con una indemnización de un año de sueldo como máximo, y se pregunta “¿qué sucede con los que están a falta de años para jubilación?”.

Finalmente, el partido de Tasende ha instado al Gobierno de Melilla a buscar “la solución a este problema”, mostrando “todo nuestro apoyo a este colectivo de trabajadores que una vez más son abandonados por el Ejecutivo”.

La Plataforma de Interinos de la Ciudad Autónoma de Melilla denunció este viernes la “inoperancia” del Gobierno local para hacer cumplir la Ley 20/2021 de Medidas Urgentes para la Reducción de la Temporalidad en el Empleo Público.

“No es de recibo que 150 empleados públicos de la Ciudad Autónoma vean mermado su derecho legítimo a consolidar sus puestos de trabajo después de estar décadas en abuso de la temporalidad”, sostuvo la asociación, que adelantó que "la desinformación y la dejadez" del Ejecutivo melillense ha hecho que los afectados piensen en movilizarse judicialmente en caso de que se incumpla la ley.

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