La dura cuenta atrás hasta las próximas elecciones autonómicas sigue inmersa en tintes sórdidos en lo que a nuestra ciudad respecta, por causa del complejo asunto del presunto fraude electoral en las Generales de 2008.
El caso, en su salto cualitativo tras la imputación del responsable provincial de Correos, amplia la supuesta trama más allá del ámbito estrictamente político y da cuenta de la seriedad de un proceso, en realidad ‘macroproceso’, que los líderes de la oposición imputados en el mismo intentan a toda costa que termine siendo anulado.
La pretensión de los imputados, que a tal fin han recurrido a una instancia judicial superior, es perfectamente lícita. Como hemos señalado en más de una ocasión, la Justicia en nuestro país es lenta y obsoleta, pero también se sustenta en un sistema garantista que permite a cualquier acusado de cualquier delito recurrir a distintas instancias jurisdiccionales en busca de un fallo judicial más favorable. Es tan legal como comprensible e inherente a nuestro Estado de Derecho que así sea. Lo que, por el contrario, no resulta de recibo, es la presión extrema y desmedida contra el juez competente en la investigación del presunto fraude electoral. Acusar públicamente al juez de prevaricación o connivencia con el Gobierno Imbroda o compararlo con un “sacerdote pederasta”, tal cual ha hecho el socialista Muñoz, no es admisible ni tiene cabida en un Estado de Derecho como es el nuestro. Existen vías para recusar a un magistrado o para presentarle una querella, lo que no existe es amparo para la acusaciones graves y extremas que andan realizando los líderes de la oposición.
