La reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre las denominadas "devoluciones en caliente" marca un punto de inflexión en la gestión migratoria de Ceuta y Melilla. El alto tribunal ha dejado claro que los migrantes interceptados en el mar no pueden ser devueltos de manera automática y que, por tanto, deben acceder a un procedimiento individualizado con todas las garantías legales previstas en la Ley de Extranjería.
Desde un punto de vista jurídico, la decisión resulta coherente con los principios del Estado de derecho. La identificación de las personas, la asistencia letrada, la posibilidad de solicitar protección internacional y el respeto a los procedimientos administrativos no son concesiones, sino derechos fundamentales que deben preservarse incluso en situaciones de fuerte presión migratoria.
Sin embargo, reconocer derechos también obliga a asumir responsabilidades. La advertencia del Sindicato Unificado de Policía no debe ser despachada como una simple reivindicación corporativa. Si el nuevo escenario exige más trámites, más expedientes y más tiempo de gestión, es evidente que las plantillas de Extranjería y Fronteras necesitarán más recursos humanos y materiales para cumplir adecuadamente con sus funciones.
Tampoco puede ignorarse el riesgo de un eventual efecto llamada. Aunque todavía es pronto para determinar si la sentencia provocará un aumento significativo de las entradas a nado, las autoridades tienen la obligación de anticiparse y preparar una respuesta eficaz. La improvisación, tan habitual en materia migratoria, solo conduce al colapso de los servicios públicos y a un mayor sufrimiento humano.
Además, conviene recordar que estas travesías suponen un peligro real para quienes las emprenden. La protección de los derechos de los migrantes y la seguridad de las fronteras no son objetivos incompatibles. Al contrario, ambas exigen una política migratoria seria, coordinada y dotada de medios suficientes. Porque las sentencias cambian las reglas, pero corresponde a los gobiernos garantizar que esas nuevas reglas puedan aplicarse con eficacia y humanidad.
