La ministra de Defensa, Margarita Robles, estuvo ayer en Melilla para asistir a la toma de posesión del nuevo comandante general, Fernando Ruiz. Allí dejó una frase que muchos melillenses agradecen: la españolidad de esta ciudad “nadie la puede tocar”. Lo dijo un día después de que el Gobierno y la oposición de Marruecos llevaran a su Parlamento la reivindicación sobre Ceuta y Melilla. No es poca cosa. En un momento así, las palabras importan, y las de Robles no están de más.
Desde lo sucedido los días 30 y 31 de julio, cuando el cruce masivo hacia Ceuta se saldó con la entrada en la ciudad autónoma de más de 90.000 inmigrantes y se produjeron más de 140 muertos, la titular de Defensa ha sido la integrante del Gobierno que más cercana se ha mostrado a ceutíes y melillenses. Ha viajado, ha dado la cara e incluso ha pedido perdón a quienes se sintieron abandonados. “Yo me siento en Melilla como en casa”, afirmó este viernes.
Pero sentirse en casa obliga. Lo que Melilla necesita, más allá de los gestos, es que el Estado esté presente de verdad, con medios, decisiones y presupuesto. La propia ministra eludió responder sobre el posible regreso de una bandera de La Legión, y ahí está la primera prueba. Recuperar la II Bandera, desaparecida con el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, sería un mensaje inequívoco de compromiso, mucho más elocuente que cualquier declaración.
La presencia del Estado no se agota en lo militar. Melilla sufre la asfixia económica que impone Marruecos y el Gobierno no ha sabido o no ha querido hacerle frente. Es imprescindible obligar a Rabat a ejecutar un régimen de viajeros que devuelva la vida al comercio local. También hay que hacer realmente efectivo el funcionamiento de la aduana comercial, que sigue siendo más un anuncio que una realidad.
Tampoco pueden esperar más los transportes, caros e insuficientes para una ciudad que depende del barco y del avión. Lo mismo ocurre con una sanidad pública que obliga a demasiados melillenses a salir fuera para ser atendidos. A ello se suma la necesidad de una regulación eficaz que impida la inmigración irregular, cuya presión pone a prueba cada día la capacidad de la ciudad.
Y queda la financiación. Melilla presta un buen número de servicios que corresponden al Estado, desde la universidad hasta prestaciones vinculadas al Imserso, entre otros conceptos, sin recibir los recursos suficientes para ello. Es una deuda que se acumula año tras año y que lastra las cuentas de la Ciudad.
Las palabras de Robles reconfortan y conviene agradecerlas. Pero la españolidad de Melilla no se defiende solo proclamándola: se demuestra invirtiendo en ella. Melilla no pide privilegios, pide que se cumpla con ella. Ahora le toca al Gobierno pasar del dicho al hecho.
