Una melillense se ha visto obligada a tener que presentar una denuncia ante el Ingesa este mismo miércoles para poner en conocimiento de este organismo público el comportamiento de una de sus trabajadoras en el Centro de Salud de la Zona Centro.
Según consta en la denuncia, fue el pasado lunes, 5 de mayo, cuando esta mujer, que es madre de una menor con un 90% de discapacidad reconocida y graves problemas de movilidad, acudió al Centro de Salud Zona Centro de Melilla para recoger un informe médico preparado para su hija, menor de edad.
Lo que esperaba fuera un trámite rápido se convirtió, según denuncia presentada por la madre, en un episodio de maltrato institucional, falta de respeto a los derechos de las personas con discapacidad y un trato indigno por parte del personal del centro.
Esta ciudadana relata en su escrito, dirigido a la dirección del centro que, al llegar, mostró las tarjetas oficiales que acreditan tanto la discapacidad de su hija como su condición de cuidadora principal, reconocidas legalmente por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso). Estas tarjetas confieren derechos específicos de prioridad y atención en el ámbito sanitario, según la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal, y la Ley General de derechos de las personas con discapacidad (Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre).
Sin embargo, la trabajadora del mostrador ignoró las credenciales presentadas, exigiendo que esperara en la cola como cualquier otro usuario. Según la denuncia, la empleada llegó a afirmar que en el centro “no se reconocía esa tarjeta” y que “no sirve para nada”, mostrando una total falta de empatía hacia la situación especial que se le había presentado. Cabe destacar que la menor aguardaba en el vehículo familiar debido a sus limitaciones físicas y al uso de silla de ruedas, lo que hacía imposible que acompañara a su madre al interior.
La situación, lejos de resolverse, escaló: varios usuarios comenzaron a increpar e insultar a esta madre, que sufrió una crisis de ansiedad agravada por la tensión de cuidar a una menor en situación de gran dependencia. Pese a esta situación, la trabajadora no mostró intención de mediar ni de facilitar la atención prioritaria que, por ley, corresponde a este tipo de casos.
Tras insistir, la trabajadora accedió a buscar el informe médico, pero terminó informando de manera brusca que no había ningún documento disponible, remitiéndola a la consulta de la doctora, que en ese momento se encontraba cerrada. La denunciante regresó una hora más tarde y logró hablar directamente con la médica, quien confirmó que el informe había sido entregado a recepción tres días antes. Finalmente, otra profesional del centro le entregó el documento de manera correcta y con un trato adecuado.
En su denuncia formal, presentada este miércoles, la mujer solicita que se investigue lo sucedido y se adopten medidas oportunas en relación con la trabajadora implicada. Además, exige que se reconozca oficialmente en el centro de salud la validez de las tarjetas acreditativas de discapacidad y dependencia, conforme a la legislación vigente, y que se imparta formación al personal sobre los derechos y el trato prioritario que deben recibir las personas con discapacidad y sus cuidadores. Finalmente, reclama una disculpa formal por la situación vivida.
Este caso puede generar indignación entre colectivos sociales que defienden los derechos de las personas con discapacidad, quienes entienden que hechos como éste evidencian la falta de sensibilización y formación en algunos servicios públicos. La denuncia pública no solo busca una reparación individual, sino también provocar un cambio en la atención sanitaria para que ninguna persona con discapacidad vuelva a ser ignorada o maltratada.
La falta de empatía en algunas personas que atienden en el servicio de recepción de los centros de salud se deberían inspeccionar y denunciar o al menos dar la formación relativa al trato y mas si son personas con discapacidades y si no quiere trabajar que se vaya a la playa. Tan solo pensar en la vida que tiene que pasar una madre con un hijo con las discapacidades al 90% , te dan ganas de llorar. Hace bien en denunciar y que personas sin tan poca sensibilidad que trabajen en el almacén y no al publico.