El Ministerio de Hacienda ha iniciado los contactos con las comunidades autónomas para avanzar en la reforma del sistema de financiación autonómica, una de las principales iniciativas económicas del Gobierno para este año. El departamento ha remitido cartas a las quince comunidades de régimen común y a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla con el objetivo de concertar reuniones bilaterales que permitan analizar y negociar un nuevo modelo de reparto de recursos públicos. La intención del Ejecutivo es que la reforma quede aprobada antes de que concluya 2026 y pueda entrar en vigor a partir de 2027.
Según ha informado el Ministerio de Hacienda, estos encuentros servirán para estudiar la propuesta planteada por el Gobierno y recoger las aportaciones de los distintos territorios antes de continuar con la tramitación del nuevo sistema. La iniciativa busca actualizar un modelo cuya reforma lleva años pendiente y que afecta directamente a la financiación de servicios públicos esenciales gestionados por las autonomías.
Entre las principales novedades planteadas figura un aumento de los recursos destinados a las comunidades autónomas, acompañado de una revisión de los criterios de distribución. La propuesta incorpora una nueva fórmula de población ajustada para reflejar con mayor precisión las necesidades de gasto de cada territorio, teniendo en cuenta factores demográficos, geográficos y socioeconómicos.
El modelo también contempla una mayor autonomía y corresponsabilidad fiscal para las comunidades. Entre otras medidas, se plantea incrementar el porcentaje de participación autonómica en la recaudación de impuestos como el IRPF y el IVA, además de establecer mecanismos destinados a reforzar la solidaridad interterritorial y reducir las diferencias de financiación entre territorios.
Tras la ronda de reuniones bilaterales, Hacienda prevé convocar un Consejo de Política Fiscal y Financiera, paso previo a la aprobación de la reforma por el Consejo de Ministros y a su posterior tramitación parlamentaria. El Gobierno confía en alcanzar un consenso suficiente para sacar adelante una reforma considerada estratégica para garantizar la sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y la prestación de los servicios públicos.
