Un funcionario de la Agencia Tributaria en Melilla ha denunciado lo que considera un caso de “discriminación por edadismo” después de que el Ministerio de Función Pública le haya negado el nombramiento de una plaza que obtuvo por promoción interna, al superar una oposición cuyo resultado fue publicado en el BOE el pasado mes de septiembre. El afectado, Juan José Florensa, tiene más de 65 años y, pese a contar con autorización para prolongar su vida laboral hasta los 70, la administración ha rechazado formalizar su ascenso.
En declaraciones a EFE, Florensa, con 37 años de trayectoria en la administración pública, sostiene que la negativa se basa en una interpretación normativa que fija su edad de jubilación en los 65 años. Sin embargo, recuerda que el artículo 67 del Estatuto Básico del Empleado Público permite la prolongación del servicio activo hasta los 70, algo que en su caso ya había sido autorizado.
“Esto es una discriminación por mi edad”, afirma el funcionario, quien considera que la decisión constituye “un contrasentido”, ya que obtuvo la plaza por méritos propios en el proceso de promoción interna, pasando de un puesto C2 a uno C1 tras superar las pruebas selectivas.
Florensa explica que se presentó a la oposición con 64 años y que la preparación le llevó años de esfuerzo, compaginando estudio, trabajo y actividades culturales. “Me ha costado bastantes años preparar esta oposición porque me ha resultado muy complicado al estar trabajando y estudiando y hacer, además, muchísimas actividades culturales”, señala.
Ante la resolución de Función Pública, el funcionario ha iniciado acciones para revertir la decisión. Con el respaldo de los servicios jurídicos de CCOO, prepara alegaciones contra la resolución administrativa y ha trasladado su caso al Defensor del Pueblo para que intervenga ante lo que califica como una “discriminación en la administración pública para mayores de 65 años”.
Además, ha puesto la situación en conocimiento de entidades vinculadas a la defensa de las personas mayores, entre ellas la Confederación Estatal de Mayores Activos (Confemac), el Servicio Estatal de Atención a Personas Mayores, la Fundación HelpAge España y la asociación Som Seniors de Barcelona.
El funcionario no descarta acudir a instancias europeas. “Incluso tengo intención de acudir a instancias europeas para que eleven mi caso, porque esto es una vulneración de mis derechos profesionales y una discriminación total por razón de mi edad”, declara.
Florensa asegura sentirse “cabreado” pero también respaldado por las instituciones a las que ha acudido, y confía en que su caso pueda servir para visibilizar situaciones similares, especialmente en un contexto en el que, según indica, existe un proyecto para ampliar la edad de prórroga de la jubilación.
El caso reabre el debate sobre la interpretación de la normativa en materia de jubilación y promoción profesional dentro de la administración pública, en una ciudad donde recientemente se han conocido otros episodios vinculados a errores administrativos que han generado controversia social.
