El Consejo Federal de UGT Servicios Públicos ha validado este miércoles la última propuesta salarial presentada por el Ministerio en el marco de las negociaciones para un nuevo acuerdo plurianual que afecta a las empleadas y empleados públicos. El sindicato ha dado su aval a un incremento salarial del 11% entre 2025 y 2028, una cifra que podría elevarse hasta el 11,5% si se tienen en cuenta los ajustes derivados del deslizamiento de las tablas salariales.
La decisión se adoptó tras la reunión celebrada por el Consejo Federal, órgano consultivo compuesto por las secretarías generales territoriales y la dirección federal del sindicato. En el encuentro se debatió el impacto del nuevo documento remitido por el Gobierno, y se concluyó que la propuesta constituye un avance relevante respecto a anteriores planteamientos.
UGT valora especialmente el aumento con respecto a la oferta previa, que se situaba un punto por debajo. Además, destaca que esta subida salarial permitiría recuperar más de dos puntos de poder adquisitivo durante el periodo de vigencia del acuerdo.
Uno de los aspectos más relevantes para el sindicato es la distribución de los incrementos salariales. En este sentido, considera fundamental el compromiso de alcanzar un aumento fijo del 5% en el año 2027. Esta medida implicaría que en un periodo de tan solo trece meses las nóminas de los empleados públicos experimentarían una subida de nueve puntos porcentuales.
Pero el sindicato no se limita a respaldar el contenido económico del acuerdo. UGT insiste en que se trata de un pacto global, que también incluye materias estructurales para el sector público, como el empleo, la estabilidad y la mejora de las condiciones laborales.
Entre los elementos no salariales del acuerdo, destaca la eliminación de la tasa de reposición, una reivindicación histórica de la organización. Según UGT, esta medida permitirá dimensionar adecuadamente las plantillas en función de las necesidades reales de la ciudadanía y responder a desafíos como el envejecimiento de las plantillas o la alta temporalidad en algunas administraciones.
El documento también contempla avances en otras áreas estratégicas, como la formación en competencias digitales y la mejora de los complementos por insularidad, lo que supone una mejora directa en las condiciones de trabajo en los territorios no peninsulares.
Desde UGT Servicios Públicos se subraya que este acuerdo no solo beneficiará a los trabajadores públicos, sino que también redundará en una mejora del servicio que se presta a la ciudadanía, al fortalecer y poner en valor el papel esencial de los servidores públicos.
El sindicato trasladará su posición favorable en la próxima reunión de la Mesa de Negociación, prevista para el lunes. En esa sesión, se espera avanzar hacia la firma definitiva del acuerdo, siempre y cuando el resto de organizaciones presentes en la mesa también den su visto bueno al contenido final del texto.
Con esta decisión, UGT muestra su disposición a consolidar un marco de estabilidad para el personal público durante los próximos años, en un contexto marcado por la necesidad de fortalecer los servicios públicos tras el impacto de la pandemia y los retos derivados del contexto económico actual.
