El Comité René Cassin de abogados de Extranjería acusa de prevaricación a los titulares de Exteriores, Interior y Defensa por vulnerar la protección de refugiados.
El Comité René Cassin de abogados de Extranjería ha denunciado en el Tribunal Supremo a los ministros de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo; de Defensa, Pedro Morenés; y del Interior, Jorge Fernández Díaz, por presunta prevaricación en el desalojo de los inmigrantes del peñón Isla de Tierra.
La denuncia, firmada por el abogado sevillano Alberto Revuelta, acusa a los ministros de vulnerar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y las normas internacionales firmadas por España respecto a la protección de los refugiados.
El Comité Cassin de abogados de Extranjería considera que la expulsión a Marruecos de 73 de los 83 inmigrantes que desembarcaron el 30 de agosto pasado en Isla de Tierra se hizo “soslayando el procedimiento legal de devolución” y se privó a los demandantes “de la oportunidad de exponer sus peticiones o circunstancias personales ante una autoridad competente antes de que se les expulsara” de España.
Por eso denuncia a los tres ministros de prevaricar por dictar una resolución arbitraria a sabiendas de que lo era. Al de Defensa, porque Isla de Tierra está bajo su jurisdicción; al de Exteriores, como encargado de los acuerdos con Marruecos y al de Interior, como responsable de las órdenes recibidas por la Guardia Civil que desalojó el islote.
Con este gesto España vulneró el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, pues la decisión de expulsar a los inmigrantes a Marruecos, que inmediatamente los depositó en la frontera con Argelia sin repatriarlos a sus países de origen, les dejó expuestos “al riesgo de trato inhumano o degradante”, según recoge la denuncia presentada por el abogado sevillano Alberto Revuelta.
También recuerda el texto que las normas internacionales prohíben expulsiones colectivas de extranjeros sin examinar la situación personal de cada uno de ellos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos obliga a que toda persona detenida “sea informada en el momento de su detención de las razones de ésta y de sus derechos, incluidas las garantías contra la tortura y malos tratos”.
Inmigrantes esposados en las zódiacs
El Comité Cossin de abogados de Extranjería asegura en su denuncia ante el Supremo de los ministros de Exteriores, Defensa y del Interior que muchos de los inmigrantes que fueron desalojados en la madrugada del 4 de septiembre de Isla de Tierra y entregados a Marruecos, viajaron en zódiacs de la Guardia Civil, esposados y fueron obligados a bajar de ellas “e ir caminando por el agua los últimos 20 o 30 metros hasta la orilla de territorio marroquí”.
Los Estados, insiste la denuncia firmada por el abogado sevillano Alberto Revuelta, “están obligados a no devolver directa o indirectamente a persona alguna a lugares donde su vida pueda correr peligro”.
Revuelta es un abogado experto en temas de Extranjería y Derechos Humanos que ya ha presentado otras denuncias contra el Estado español.
En febrero pasado el Comité contra la Tortura de la ONU declaró, a instancia suya, que España violó la Convención Internacional en los hechos que concluyeron con la muerte de un inmigrante senegalés al que la Guardia Civil de Ceuta pinchó el salvavidas.
