“Desde el Servicio Jesuita a Migrantes identificamos Melilla como un laberinto burocrático complejo por una serie de marañas, que serían las normas y las prácticas administrativas que de alguna manera frustran el tránsito de las personas migrantes y refugiadas”. Así de contundente se mostró María Vieyra en la presentación del informe del SJM ‘Buscar salida’ que hace un repaso a la situación de la Frontera Sur durante este año. Vieyra recalcó que este año el Tribunal Supremo sentó jurisprudencia reconociendo la libertad de movimiento de los solicitantes de asilo que poseen la tarjeta roja en Ceuta y Melilla, el cual está actualmente restringido. La abogada apuntó a que el Ministerio del Interior debe asumir los pronunciamientos judiciales del Supremo y por ende cesar en la práctica de limitar la circulación de las personas que tienen admitida su solicitud. “La Policía no puede persistir en la prohibición del traslado al territorio peninsular dado que los tribunales han dicho que carecen de fundamento legal para ello”, dijo.
La presentación del informe, que se retransmitió a través de Youtube, comenzó con la palabra de Josep Buades, responsable del área de Frontera Sur, subrayando cómo numerosas personas arriesgan integridad física para pedir asilo o de la falta de garantías mínimas para en toda una serie de procedimientos de devolución, de denegación de entrada o de rechazo en frontera, señaló Buades como situaciones que se recogen en dicho informe. Por otro lado, quiso enfatizar positivamente el que el Tribunal Supremo haya reconocido la libre circulación y el derecho a elegir residencia a los solicitantes de asilo por todo el territorio nacional. También, Buades calificó de “defectuoso” el trabajo jurídico de profesionales del sector, poniendo de ejemplo la acusación contra una mujer que en realidad era víctima de trata; además de exponer la situación de calle en la que se encuentran numerosos menores extranjeros no acompañados cuando cumplen la mayoría de edad. Más temas tratados en el informe es la reducción de los traslados a la península, el hacinamiento de los centros para inmigrantes o la situación higiénica de estos.
Además habló sobre el rechazo en frontera, más comúnmente conocido como las devoluciones en caliente o sumarias. Buades argumentó que aunque la disposición décima adicional de la ley de extranjería, “sigue teniendo defectos muy graves, por lo que pedimos la derogación de esa disposición décima”. Si no se diese el caso, piden la modificación del punto primero, la cual calificó de “absurda” y creen que para que se cumpla la ley, el Gobierno ha de desarrollar la figura del rechazo en frontera en la ley.
David Melián, abogado del SJM en Melilla, dijo en su exposición que le llamaba la atención que haya personas que tengan que arriesgar su vida para salvarla. “Es una paradoja ilógica” y cree que se debería garantizar unos estándares mínimos para el acceso a la solicitud de asilo, así como el proceso. “Nadie que huya de su país por correr peligro debe ver aumentado este peligro a la hora de solicitar protección”, dijo Melián. En relación a esta situación, detalló que han documentado numerosos casos de migrantes que han perdido la vida antes de llegar a suelo español y que aunque no se pudiese saber por la boca de estos que quería pedir asilo, sí que se puede intuir por el origen de la personas, si su perfil entra dentro de los que están en una situación de vulnerabilidad e incluso por los familiares que reconocen a sus seres fallecidos y que explican la situación de estos. También incidió sobre las lesiones como fracturas o cortes de los subsaharianos que saltan la valla, a las que desde el SJM han tenido que atender.
Otro punto que resaltan, son las dificultades de los migrantes que no pueden hacerse pasar por marroquíes para acceder a la oficina de asilo en Beni Enzar, lo que provoca que muchos busquen entrar escondiéndose en el interior de los vehículos o en bultos, lo que pone en riesgo sus vidas. Una de las propuestas que pone el la mesa el SJM es la modificación de Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria en lo referente a la petición de asilo en embajadas y consulados, “Lo que ayudaría salvar muchas vidas”. Además, piden corredores humanitarios para garantizar el acceso a las oficinas de asilo tanto de Ceuta como de Melilla.
El informe
A punto de concluir el 2020, el Servicio Jesuita a Migrantes recoge en 72 páginas de su informe ‘Buscar salida’ la situación migratoria en la Frontera Sur de España.
El SJM, según explican en un comunicado, reflexiona en este informe fundamentalmente sobre siete cuestiones esenciales que dibujan el contexto de frontera: entre ellas, el drama de quienes arriesgan la vida para pedir asilo; la falta de garantías en los procedimientos de devolución; la sentencia del Tribunal Supremo que garantiza el derecho a libre circulación de solicitantes de asilo desde Ceuta y Melilla; el problema de considerar como criminales a víctimas de trata; los dramas de jóvenes que pasan de centros tutelados a situación de calle; la separación familiar por un celo desproporcionado; y las medidas en contexto de pandemia que agravan la situación de las personas migrantes.
En el informe, que es accesible al público general, ha sido elaborado por Josep Buades Fuster SJ, María Vieyra Calderoni, Diego Fernández-Maldonado Delpino y David Melián Castellano y comienza exponiendo que el endurecimiento del control de los movimientos migratorios por parte de Marruecos (con fondos de la UE) implica un hostigamiento policial continuo y más violencia sobre migrantes y refugiados y que se han observado operaciones policiales españolas y marroquíes más allá de los límites de su jurisdicción territorial.
También denuncian que la lentitud en la práctica de las pruebas de ADN y el exceso de celo administrativo condenan a la separación a miembros de familias cuando hay menores de edad cuya tutela ha asumido la Ciudad Autónoma. Subrayan que la situación se agrava cuando viajan juntos hermanos mayores y menores sin los progenitores: mientras persiste la tutela administrativa de los menores, los hermanos mayores se enfrentan a la disyuntiva entre seguir adelante con el proyecto migratorio rompiendo los lazos familiares o quedar estancados en Melilla para preservar la relación.
Por otro lado, señalan que “es llamativa” la determinación con la que el Ministerio del Interior mantiene su política de minimizar los traslados de personas migrantes y solicitantes de asilo desde Melilla a la Península.
Salud pública
Aseguran que esta política tiene consecuencias en la salud pública de toda la población. Genera una tensión que ha llegado a estallar en una protesta violenta. Somete a la población migrante alojada en instalaciones provisionales a condiciones de vida indignas. Ha situado a las personas en un limbo jurídico mientras no tenían una tarjeta de identidad relativa a su estancia. “Y lleva consigo formas de restricción de libertad y de privación de libertad sin base legal”, afirman.
También apuntan a que persiste la mala práctica administrativa de no tramitar la documentación de los menores extranjeros bajo tutela administrativa, lo que los coloca en situación irregular al cumplir la mayoría de edad. Explican que la situación de vulnerabilidad se agrava en los casos de los ex tutelados a los que no se entrega la correspondiente Tarjeta de Identificación de Extranjeros (TIE). No poder viajar a la Península ni ser admitidos en el CETI los condena a vivir en situación de calle.
Así pues, alegan que un control de fronteras para impedir la entrada a toda costa sin atender a las necesidades de protección también desprotege a personas objeto de trata. Algunas malas prácticas de los operadores implicados en el control de fronteras (policías, abogados de oficio, Ministerio Fiscal, Juez e incluso trabajadores sociales del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) han llevado a la condena penal de víctimas del delito que se les imputa.
Al final del informe y tras un exausto análisis de la situación, el SJM propone una serie modificaciones legislativas para mejorar la situación de los refugiados y solicitantes de asilo como publicar un reglamento que desarrolle la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, especialmente en lo tocante al procedimiento para solicitar protección internacional en las embajadas y consulados españoles o que Una futura ley debería regular la formación de corredores humanitarios en territorio marroquí para canalizar el acceso seguro de solicitantes de asilo a las oficinas de asilo y refugio en los puestos fronterizos de Ceuta y de Melilla o evitar cualquier sombra de criminalización de las personas que han tenido que recurrir a traficantes que son víctimas de trata.
“Es menester poner fin a la política europea y española de estabular a las personas migrantes y solicitantes de asilo en Melilla para impedir que transiten por el territorio peninsular hacia otros Estados miembros de la UE”, expresan. “Es preciso trasladar con celeridad a las personas en situaciones de particular vulnerabilidad. En ningún caso debe permitirse la saturación de las plazas del CETI, ni recurrir a instalaciones provisionales en las que no es posible mantener condiciones de vida mínimamente dignas”, concluyen en el informe.
