La investigación judicial del denominado caso Santiago-Rusadir continúa avanzando con nuevas diligencias acordadas por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Melilla. La magistrada instructora ha iniciado una línea de investigación centrada en la actuación del interventor general de la Ciudad Autónoma durante el periodo comprendido entre 2019 y 2023, al tiempo que ha citado a doce empresarios a declarar el próximo 5 de marzo en el marco de una de las piezas separadas del procedimiento.
Según las resoluciones judiciales, la jueza ha solicitado a la Intervención General del Estado la elaboración de un informe técnico que analice la actuación del interventor en relación con los contratos menores que forman parte de la investigación. Esta petición se enmarca en las diligencias previas abiertas en 2023 y que examinan presuntas irregularidades en la tramitación de contratos públicos durante el anterior mandato del Gobierno local.
El auto, dictado el pasado 2 de febrero, recoge que se han detectado posibles deficiencias en un total de 364 contratos menores, agrupados en 24 bloques y tramitados por distintas consejerías, todas ellas dirigidas por CpM en el período 2019-2023. Entre las incidencias señaladas figuran la ausencia de publicidad en el portal de contratación, falta de concreción en las prescripciones técnicas, plazos reducidos para la presentación de ofertas y adjudicaciones a empresas de reciente creación sin experiencia acreditada.
La instructora considera necesario esclarecer si la labor de fiscalización interna ejercida por el interventor se ajustó a la normativa vigente. El interventor general tiene entre sus funciones el control y la supervisión de la gestión económico-financiera de la administración, así como la fiscalización previa de los expedientes de gasto. En este caso, la mayoría de los contratos investigados fueron objeto de fiscalización por parte de este funcionario.
La resolución judicial señala que tras la detención de uno de los consejeros implicados en mayo de 2023 comenzaron a emitirse reparos en determinados expedientes que no constaban en etapas anteriores. Este extremo forma parte de los elementos que ahora serán analizados por la Intervención General del Estado, a la que se ha remitido tanto el auto como la documentación contractual y los atestados policiales incorporados a la causa.
El procedimiento continúa bajo secreto parcial de sumario, por lo que no han trascendido todos los detalles técnicos de la investigación. La magistrada deberá decidir en las próximas semanas si procede levantar o prorrogar esa medida, en función del estado de las diligencias y de la información recabada.
Nuevas comparecencias
Paralelamente, el juzgado ha citado a doce empresarios para que comparezcan el 5 de marzo en relación con la tercera pieza separada del caso, centrada en los contratos menores adjudicados entre 2019 y 2023, durante el Gobierno compartido entre CpM y el PSOE. Estas citaciones se producen después de que se incorporaran a la causa transcripciones de conversaciones intervenidas entre dirigentes de la formación investigada y varios de los empresarios ahora llamados a declarar.
Las diligencias buscan determinar si existió algún tipo de concertación en la adjudicación de contratos públicos y si determinados empresarios participaron de forma activa en la tramitación de expedientes que pudieran haber vulnerado los principios de concurrencia y legalidad. La investigación examina si algunas ofertas fueron solicitadas con el fin de dar apariencia formal a adjudicaciones previamente decididas.
El caso Santiago-Rusadir se articula en varias piezas diferenciadas. Además de la relativa a los contratos menores, existen otras líneas de investigación vinculadas al voto por correo, el análisis de dispositivos electrónicos, la contratación mayor y subvenciones, así como una posible financiación irregular de la formación política investigada, concretamente CpM. Todas estas piezas se instruyen de manera paralela bajo la coordinación del juzgado competente.
La Fiscalía Anticorrupción participa activamente en el procedimiento, interviniendo en las diligencias de investigación y en el análisis de la documentación incorporada a la causa. El avance de las actuaciones judiciales determinará en los próximos meses el alcance de las posibles responsabilidades que pudieran derivarse.
Con la apertura de esta nueva línea de investigación sobre la actuación del interventor y la citación de empresarios, la causa suma nuevos elementos que amplían el foco de análisis sobre la gestión contractual desarrollada durante el periodo investigado. El desarrollo de las comparecencias previstas y el contenido del informe solicitado a la Intervención General del Estado marcarán los próximos pasos de una instrucción que continúa en curso.
