El consejero de Seguridad Ciudadana, José Ronda, ha querido matizar algunos puntos del nuevo pliego de condiciones para la contratación de la empresa que prestará servicio de vigilancia privada en las dependencias de la Ciudad Autónoma tras las críticas vertidas en los últimos días por parte de algunos sindicatos.
Cabe recordar que la Unión Provincial de CCOO ha pedido la impugnación de este pliego por posibles irregularidades. Una demanda que ha hecho conjuntamente con el Sindicato Independiente Melilla y con el acuerdo de CSIF. Creen estos que se podrían perder casi medio centenar de puestos de trabajo, además de que podría haber anomalías en las competencias de la Ciudad Autónoma y la empresa o en las responsabilidades que tienen los empleados.
Sobre esta cuestión, Ronda ha achacado una falta de cálculo respecto al número de trabajadores o de horas de trabajo. Recalca el consejero la necesidad de contemplar las posibles variaciones que puede haber en este sentido como calcular las vacaciones de los trabajadores o las posibles bajas que se puedan dar. Aspectos, ha dicho, que hay que recoger en el pliego puesto que este sería la base para la ejecución del servicio.
"El pliego de prescripción técnica de este contrato presenta, como así está obligado por el artículo 130 de la Ley de Contratos del Sector Público, a mostrar la relación de personal que existe en la empresa que ahora mismo es adjudicataria del contrato y esa empresa nos traslada que tiene 203 trabajadores exactamente".
En este sentido, recalca el consejero que en el nuevo pliego se han ampliado el número de vigilantes de 150 que hay en el que está vigente actualmente a 203 efectivos. También ha querido matizar que se incluye una bolsa de 4.000 horas para posibles incidencias. Actualmente, este se encuentra en la Plataforma de Contratación y asciende a 22.880.129,6 euros distribuidos en un contrato de duración inicial de dos años con dos prórrogas de un año cada uno. Esto representa un millón más de euros que el anterior
Las anualidades son de 5.948.833,7 euros. Según ha explicado el consejero de Seguridad Ciudadana, para la determinación del precio se han tenido en cuenta varias premisas iniciales como son el coste medio empresarial ponderado por persona y año del servicio actual reflejado en mantenimiento de las condiciones existentes a la hora de la repercusión de los costes de Seguridad Social o la resolución de 30 de noviembre de 2022 de la Dirección General de Trabajo por la que se aprobó el nuevo convenio colectivo estatal de empresas de seguridad para el periodo 2023-2026.
De igual forma también se han contemplado el número de horas de servicios estimadas para cubrir las necesidades operativas de vigilancia de seguridad en dependencias y eventos dependientes de la Ciudad Autónoma o la estimación de los días laborables, sábados, domingos y festivos sobre el calendario anual. Algo que ha querido resaltar, es que este nuevo contrato no podría entrar en vigor antes del 1 de enero de 2025.
"Por parte de la Consejería se ha solicitado a los diferentes servicios de la ciudad las necesidades existentes y con esos datos se ha calculado el número de efectivos necesarios y las horas de servicio", aclaró.
Al hilo, ha aclarado que este incluye una partida de imprevistos que representa el 2% del total con el objetivo de dar cobertura a diversos contingencias como aumentos de sueldo de ciertas personas por complementos de antigüedad o costes de la Seguridad Social. Ha recordado Ronda que dentro de esta empresa la plantilla que tiene una bonificación efectiva de las cuotas patronales es del 97% dado que mantienen una antigüedad anterior a septiembre de 2023 cuando cambió este sistema.
"Esto que supone que hemos contemplado también cantidades suficientes y partidas suficientes para hacer frente a posibles contrataciones que puedan existir a posteriori y que no tengan ese tipo de bonificación en las cuotas patronales existentes", puntualizó.
Respecto a las quejas de las funciones de los trabajadores, ha matizado que son las que se recogen tanto en el artículo 32 del convenio colectivo como en el artículo 36 de la Ley del Sector de seguridad privada.
"Parece mentira que puedan comentar que un vigilante no tiene porqué apagar la luz de una de una instalación. El vigilante tiene que saber dónde están todos los sistemas de iluminación, aire acondicionado y demás porque si en un momento determinado existe una emergencia, tiene que actuar como vigilante de seguridad y saber dónde están todas las instalaciones, las entradas, las llaves y todo este tipo de cuestiones", remarcó Ronda.
Otra de las cuestiones que ha querido poner sobre la mesa es que entre las condiciones que se recogen están las obligaciones que tiene la empresa con sus empleados respecto a la dotación de material. Esta es una de las premisas que ha criticado, puesto que Ronda ha comentado que está al corriente de que algunos vigilantes tienen que hacer uso de sus propios teléfonos móviles para comunicarse con la empresa o con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE), por lo que cree "bastante importante" que la corporación ceda a estos empleados un móvil con conexión directa.
En cuanto a otra de las quejas del Sindicato Independiente que reprochaba que los trabajadores tuvieran que hacer uso de un vehículo de vigilancia discontinua, lo que ellos entendían una labor de las FCSE, Ronda ha apuntado que este es un vehículo del que se viene haciendo uso desde hace tiempo y mediante el cual se lleva a cabo una revisión de todas las zonas que deben tener vigiladas en ese momento, por lo que asegura que no entiende las críticas.
"Lo que hace este vehículo es que apoya en un momento determinado cualquier incidencia que pueda haber en cualquier zona de los servicios que tienen contratados en este caso con la Ciudad Autónoma", explicó.
Por estos motivos, José Ronda no cree que haya que modificar mucho este pliego de condiciones en el que se contemplan todos los aspectos posibles a día de hoy.
