CpM se ha traído de Granada a un abogado, Ernesto Osuna, para que anunciara que se ha interpuesto una querella en los juzgados locales contra la Udef de la Policía Nacional por un presunto delito de odio después de que el atestado que esa unidad policial mandó a la juez del caso Santiago-Rusadir hablara del carácter musulmán de los acusados y la posibilidad de que huyeran a Marruecos. Como se recordará, cinco consejeros del Gobierno que CpM compartió con el PSOE (2019-2023) permanecieron más de dos meses en prisión preventiva por cuestiones tan graves como formar parte de una posible organización criminal para la obtención irregular de fondos público de la Ciudad Autónoma.
Se trata de una querella de ida y vuelta porque los cepemistas ya intentaron que esa misma demanda fuera estimada por la Audiencia Nacional sin que tuvieran éxito en su estrategia ante los tribunales. La citada instancia judicial no admitió a trámite la querella en cuestión porque argumentó que no era competente en su tramitación. En consecuencia, CpM ha decidido traerla a Melilla y plantearla en los juzgados locales de instrucción. Ahora bien, las preguntas que cabría hacerse en este caso son: ¿están todos los miembros de la dirección cepemista de acuerdo con esa decisión? Es más, ¿en cuál de sus ejecutivas se votó dar ese paso? ¿Hay algún acta interna que acredite dicho acuerdo?
Pero fuera de lo que son las entretelas del partido de Aberchán, varias consideraciones de carácter procesal y político. La primera, el interés furibundo del líder de CpM por llegar "limpio de polvo y paja" a las elecciones de 2027, algo que se prevé muy complicado a la vista de los tiempos que necesita la Justicia para llegar a un veredicto. No hay que olvidar que Mustafa Aberchán está dispuesto a encabezar de nuevo la lista electoral, toda vez que se acabó la condena de inhabilitación que pesaba sobre él por la compra de votos en 2008.
La segunda cuestión es que CpM vuelve a enarbolar la bandera religiosa para tratar de aglutinar adeptos, muchos de los cuales ya no están con esa organización política. Después de habérseles agotado el argumento de Gaza y que no les saliera bien la idea de patrimonializar las protestas por los derechos de los musulmanes melillenses de los años 80, parece que ahora el objetivo está en el victimismo de "la Justicia me persigue porque soy musulmán". Con ello trata Aberchán de tapar dos frentes: por un lado, justificar la existencia de un procedimiento judicial por presuntos delitos muy graves ocultándolo tras la religión; por el otro, tocar a rebato para que los musulmanes hagan piña con su causa.
