Principios educativos

Los principios educativos tienen que ser considerados como algo muy serio. No pueden quedarse en la superficialidad, dejándolos abiertos a interpretaciones distintas y divergentes, ya que, necesariamente, llegarán a ser contradictorios según la receptividad y finalidades que cada comunidad autónoma asigne a su desarrollo y aplicación, de acuerdo con sus fines.
Los principios educativos, al ser principios generales, deberían ser consensuados por los    partidos políticos, imprescindiblemente por los dos con posibilidades reales de gobierno, aunque ninguno debe quedar excluido en principio. Una vez consensuados y aceptados, ya podrían ser puestos en práctica, como ocurre con cualquier sociedad desarrollada y democrática.
Tenemos un sistema educativo, al que se le cuela entre las rendijas un posicionamiento disgregador, no sólo en lo relativo al ámbito político, sino también en el económico y educativo. 
Dentro del ámbito político se da la desafección en un grado más o menos llamativo que va en aumento, en aspectos tales como: territorialidad, historia, proyecto común, lengua, etc. El
daño que está sufriendo la educación por estas irresponsables actitudes, ya queda reflejado en los distintos estudios y encuestas, y los resultados que ha arrojado la evaluación que de la enseñanza se ha hecho en nuestro país, a los que se ha dado publicidad y todos conocemos.
Dentro del ámbito económico, hay constancia de la diferencia de trato según las distintas comunidades, con distintos recursos asignados para cubrir iguales necesidades educativas. Las subvenciones concedidas se hacen con criterios diferentes, según el lugar donde son concedidas y los criterios utilizados para su concesión. Las diferencias entre unos lugares y otros dejan en papel mojado un importante principio democrático, ese de que  “todos somos acreedores a los mismos derechos y responsables de las mismas obligaciones. Es evidente que no todos gozamos
de los mismos derechos. No es admisible esa diferencia de trato para ciudadanos del mismo país.
Dentro del ámbito educativo, desde alguna comunidad se orienta a los alumnos en una determinada dirección, rompiendo lazos de convivencia, creando animadversiones ficticias con las que se construye una realidad forzada que, mas que educar en la tolerancia y el entendimiento
mutuo, subraya las diferencias identitarias, que resultan mucho más virtuales que reales.
Esta dislocación de la realidad, sólo puede hacerse desde la tergiversación de la historia y, sobre todo, desde una interpretación maniquea de los hechos, sin el más mínimo sentido de la autocrítica y sin ningún rubor, presentándose siempre como los buenos, como las víctimas de los otros, que siempre son los culpables de todos los males que les acontece o acontecieron, y aún de los que les acontecerán o de los que nunca sucederán. Es fácil entender el daño que se hace tanto al alumnado en particular, como a la sociedad en general.
Meter a la niñez en una dinámica de rechazo no sólo hacia lo que ellos llaman españoles, 
como si ellos no lo fueran, sino también hacia los de la misma comunidad no nacionalistas y no separatistas, que por cierto son mayoría. Entre esos nacionalistas hay muchos que reniegan de sus orígenes, y que procediendo de otras lugares de España, olvidan que sus padres y el resto de su familia son de otras regiones españolas. Baste como ejemplo el del presidente, señor Montilla.
¿Qué nos deja ver el sentido común y la lógica? Deja al descubierto, cómo la educación es utilizada para fines políticos, relegando a un segundo plano los principios educativos sin que, según parece, les importe las consecuencias que tan negativas son para todo el mundo.
Cuándo dejarán de jugar al monopoly y se pondrán a la tarea de la que tienen obligación:
impartir una educación de calidad, y trabajar en beneficio de una convivencia colectiva y de una prosperidad compartida. Eso nos daría más calidad democrática y más calidad de vida.