El PP anda tirado al monte, del monte a la calle y de la calle a las instituciones. Todo menos asumir que las Elecciones Generales del 23J no le otorgaron la mayoría parlamentaria suficiente para gobernar. No está de más recordar que la Constitución Española establece en su Artículo 99 que, “1. …el Rey, previa consulta con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria, y a través del Presidente del Congreso, propondrá un candidato a la Presidencia del Gobierno. 2. El candidato propuesto, expondrá ante el Congreso de los Diputados el programa político del Gobierno que pretenda formar y solicitará la confianza de la Cámara. 3. Si el Congreso de los Diputados, por el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, otorgare su confianza a dicho candidato, el Rey le nombrará Presidente. De no alcanzarse dicha mayoría, se someterá la misma propuesta a nueva votación cuarenta y ocho horas después de lo anterior, y la confianza se entenderá otorgada si obtuviere la mayoría simple. 4. Si efectuadas las citadas votaciones no se otorgase la confianza para la investidura, se tramitarán sucesivas propuestas en la forma prevista en los apartados anteriores. 5. Si transcurrido el plazo de dos meses, a partir de la primera votación de investidura, ningún candidato hubiere obtenido la confianza del Congreso, el Rey disolverá ambas Cámaras y convocará nuevas elecciones con el refrendo del Presidente del Congreso”.
Son solo 5 párrafos-apartados de un único artículo de nuestra Carta Magna que cualquier estudiante de la Secundaria en nuestro país puede interpretar correctamente y que cualquier ciudadano con derecho a voto a día de hoy puede entender. Pero el PP se empecina en interpretarnos lo sucedido en las últimas Elecciones Generales como una anomalía democrática, a pesar de que no nos consta que las haya impugnado o recurrido, ni que tampoco haya evitado poner en marcha todo el procedimiento que ese articulado constitucional dispone para presentar a su candidato a la investidura. Paso a paso, hemos sido testigos pacientes de que nuestro sistema está regulado perfectamente por el orden constitucional, y que en sus tres primeros apartados el Artículo 99 de la Constitución goza de absoluta normalidad democrática, gracias a la escenificación parlamentaria realizada por Feijóo estos últimos meses. Tras su consabida investidura fallida, llegamos en esos momentos al Apartado 4, y en caso de que no se otorgase la confianza para la misma, la Constitución española establece de forma meridianamente clara “se tramitarán sucesivas propuestas en la forma prevista en los apartados anteriores”.
En la investidura fallida de Feijóo hemos asistido a mes y medio de negociaciones con el resto de grupos políticos, incluido con los independentistas de Junts, y a una semana larga de debate parlamentario del que todo sabíamos cuál era el resultado. La ciudadanía y el resto de fuerzas políticas han cumplido respetuosamente lo que nuestra Constitución establece, mientras el PP y sus aliados de Vox, con los cuales ha quedado también claro que no tienen ningún problema en llegar a acuerdos de gobierno, incendiaban las calles y arremetían contra cualquier pacto de legislatura que no fuera el que ellos quieren imponer. Sucede en esta ocasión lo mismo que ocurre desde el 2004, año en que perdió las elecciones tras los atentados del 11M, que el PP se niega a dar normalidad democrática a lo que los españoles han decidido en las urnas, que no es otra cosa que gobierne el partido que sea capaz de sumar mayoría parlamentaria suficiente, tal y como nuestra Constitución establece. ¿Por qué? Porque acatar la Constitución implica reconocer que el relato en el que llevan instalados desde el 23J es manipulador y pretende confundir a los españoles a costa de encrespar las instituciones democráticas y el mandato constitucional. Saben perfectamente que ganar las elecciones no significa gobernar, y ya llevamos viviendo 45 años de Democracia como para tratar de engañar a una ciudadanía madura y políticamente consciente.
Primero tomaron las calles, Madrid y Barcelona, y ahora toman el Senado, los parlamentos y asambleas autonómicas, con mociones que intrínsecamente cuestionan todo nuestro orden constitucional. Ya que plantean dudas sobre la capacidad de nuestro sistema parlamentario y de compensación de desigualdades entre españoles, retorciendo las instituciones con propuestas que nuestra Constitución y nuestro ordenamiento jurídico ya garantizan. Responden a una política de prevención de un PP que ya ha sentenciado unilateralmente posibles indultos y amnistías, de las cuales aún no conocemos ninguna concreción, ni texto, ni el encaje en nuestro orden constitucional. Como en su momento encajaron los indultos generales de Aznar a los terroristas de Terra LLiure o la amnistía fiscal de Rajoy. Política preventiva que pone en jaque todo el sistema constitucional de nombramiento del Presidente del Gobierno, cuestiona el papel democrático del Rey y siembra dudas sobre todo nuestro sistema parlamentario. No sabemos si con el fin de derogar, además de al adversario político, al régimen de convivencia que la Constitución del 78 nos brindó.
