Nueva Melilla ha solicitado públicamente la dimisión inmediata de la consejera de Políticas Sociales y Salud Pública, Randa Mohamed, a quien responsabiliza directamente de la crítica situación que afecta desde hace meses a decenas de trabajadores de los centros socioeducativos y ludotecas de la Ciudad Autónoma.
El portavoz de esta organización, Isaac Fernández, calificó la situación como una “auténtica estafa social”, al denunciar que hay empleados que llevan sin cobrar sus salarios durante largos periodos, algunos desde hace más de dos años. Esta situación se habría prolongado sin que se haya producido ninguna actuación efectiva por parte de la Consejería ni del Gobierno de la Ciudad Autónoma, presidido por Juan José Imbroda, según recuerda.
A juicio de Fernández, el Ejecutivo local ha permitido que la empresa adjudicataria del servicio continúe operando a pesar de estos graves incumplimientos, actuando con “pasividad” y falta de voluntad para proteger los derechos laborales de los trabajadores afectados. El portavoz criticó también que, aunque la consejera aseguró públicamente que se iba a sancionar a la empresa y a rescindir su contrato, esa medida nunca se concretó.
En lugar de actuar con contundencia, el dirigente de Nueva Melilla denuncia que se ha favorecido a la empresa al permitirle presentar alegaciones incluso fuera del plazo legal. Esto, según expuso, ha tenido como consecuencia la prolongación artificial del procedimiento administrativo, impidiendo así el inicio de los trámites para el reconocimiento de una causa que justificaría la resolución contractual.
Otro de los aspectos más controvertidos señalados en la comparecencia pública fue que la empresa pretende ahora cobrar a la administración el importe total del servicio, incluso por los meses en los que los trabajadores no han percibido su salario debido a una huelga. Esta práctica, subrayó Fernández, implica un “enriquecimiento injusto” a costa de la precariedad laboral y de los recursos públicos.
“Una empresa que no paga a sus trabajadores no puede seguir prestando servicios públicos ni seguir facturando a la Ciudad Autónoma”, afirmó tajante el portavoz, que también exigió explicaciones sobre qué tipo de intereses podrían estar detrás de la protección política que estaría recibiendo la adjudicataria. Además, señaló directamente al Partido Popular, tanto en Melilla como en otras administraciones, por permitir que continúe operando una empresa que, en sus palabras, ha cometido “incumplimientos gravísimos”.
Para Nueva Melilla, la actuación de la consejera ha deteriorado su credibilidad y la confianza de la ciudadanía. “Ha engañado a trabajadores, a familias y a toda Melilla. No puede seguir ni un día más al frente de la Consejería”, afirmó Fernández.
La organización, aún en fase de reconocimiento oficial como partido político en Melilla, reclama, además de la dimisión de Mohamed, que se rescinda el contrato con la empresa, se abonen de inmediato los salarios adeudados y se garantice la protección de los menores y sus familias, principales usuarios de estos centros.
