La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha anunciado una nueva concentración de trabajadores del Centro Educativo Residencial de Menores (CERM) Fuerte de la Purísima. La protesta, que tendrá lugar el 25 de julio ante la sede de la Consejería de Políticas Sociales, responde a un nuevo episodio de tensión entre la plantilla y la empresa pública Tragsatec, gestora del servicio.
Según denuncian tanto el comité de empresa como CSIF, la empresa pública ha aplicado recientemente un cambio sustancial en las condiciones laborales de numerosos empleados del centro. De forma unilateral, ha aumentado el número de horas semanales de trabajo a personal que mantenía el mismo horario desde hacía más de dos décadas, sin previo aviso ni negociación con los representantes sindicales.
La sección sindical del CSIF califica esta medida como una “imposición injusta” que no ha contado con ningún tipo de acuerdo ni mediación. “Nos tememos que pueda ser una represalia encubierta ante las recientes movilizaciones llevadas a cabo por los trabajadores”, advierten. Aunque evitan acusaciones directas, señalan que la falta de explicaciones oficiales por parte de la empresa refuerza esa sospecha, y recuerdan que de confirmarse, se estaría vulnerando el derecho fundamental a la libertad sindical y a la protesta.
Desde el comité de empresa, por su parte, consideran esta acción como un paso más en la mala gestión del centro y alertan del impacto que esta sobrecarga puede tener tanto en la plantilla como en el servicio prestado a los menores internos. “No podemos permitir que una empresa, y menos una del sector público, actúe de esta manera sin consecuencias”, afirman.
El malestar se ha agravado por la falta de intervención de la Consejería de Políticas Sociales. Según CSIF, la administración autonómica, conocedora de la situación, ha optado por mirar hacia otro lado o incluso justificar decisiones que, a su juicio, van en contra del interés público y el bienestar de los menores.
En paralelo a la convocatoria de protesta, los representantes laborales han decidido recurrir formalmente esta medida ante las autoridades laborales, a fin de frenar lo que consideran una clara vulneración de derechos. Además, anuncian su respaldo a un nuevo ciclo de movilizaciones y huelgas en caso de que no se revierta la situación.
Otro punto de fricción es la aplicación parcial del convenio colectivo. CSIF denuncia que Tragsatec ha excluido las tablas salariales, argumentando que están supeditadas a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), pese a que el contrato firmado con la Ciudad Autónoma contempla los fondos destinados a salarios. Para el sindicato, esta decisión constituye una nueva muestra de la “gestión deficiente” que se está llevando a cabo.
Tanto CSIF como el comité de empresa insisten en la necesidad de replantear el modelo de gestión del centro. Consideran que la única solución real y sostenible pasa por la municipalización del servicio, eliminando la presencia de empresas interpuestas que, según señalan, solo generan “inestabilidad, abusos y alarma social”. “Decisiones como esta solo provocan malestar, empeoran el clima laboral y afectan directamente a la atención de los menores”, afirman.
La protesta del 25 de julio se suma a una larga serie de acciones reivindicativas en defensa de los derechos laborales del personal de La Purísima. Bajo el lema “Nos llaman esenciales, pero nos tratan como descartables”, los trabajadores se preparan para volver a salir a la calle con el objetivo de exigir respeto, condiciones dignas y una gestión pública responsable.
