En abril de este año, la Guardia Civil informó de la desarticulación de una red dedicada a la inscripción fraudulenta de niños marroquíes, hijos de madres marroquíes que daban a luz en el Hospital Comarcal y luego pagaban a melillenses que atravesaban una difícil situación económica, estaban en paro o acababan de salir de la cárcel para que los inscribieran en el Registro Civil con sus apellidos, como españoles.
El Faro ha tenido acceso a la investigación del caso cuyas pesquisas se iniciaron en el año 2017 y que juzgará próximamente la Audiencia provincial de Melilla. Se trata de una operación que se saldó con la detención de casi 80 personas en la ciudad, entre madres, padres ficticios e intermediarios.
Este caso es el reflejo del caos y el libre albedrío que se vivió durante años en Melilla pese a las continuas denuncias de la existencia de pisos patera o de trapicheos con el empadronamiento. Esta trama (operación Artillero) desarticulada por la Guardia Civil guarda relación con una red de prostitución (caso Heteras) que estaba investigando la Guardia Civil cuando destapó el fraude de las inscripciones en el Registro Civil.
La conexión viene por el hecho de que algunas de las madres de los menores falsamente inscritos como españoles ejercían la prostitución en un piso del centro de la ciudad, cuyos vecinos denunciaban casi a diario los escándalos, las broncas y el urinario público en el que se había convertido la entrada del inmueble debido a la instalación ilegal de una casa de citas.
Antes del cierre de la frontera, en Melilla proliferaban todo tipo de fraudes. Una ingente cantidad de madres marroquíes pasaban cada año a dar a luz en el Comarcal y colapsaban los paritorios sin que tengamos noticias de que Marruecos haya abonado esos gastos. Era pública y notoria la existencia de un mercado negro para los empadronamientos que movía mucho dinero en la ciudad, pero no había forma de probarlo.
El cierre de la frontera con Marruecos y la sentencia de la libre circulación de los solicitantes de asilo sirvieron para que muchas de las personas que malvivían con alquileres caros en pisos precarios o vinculados a la prostitución o incluso, siendo explotados por carecer de documentación, se marcharan de Melilla en busca de una vida mejor.
Hoy la situación parece ser diferente. La exigencia de pasaporte en la frontera limita muchísimo para bien y para mal las entradas a la ciudad. El excesivo de celo en los accesos de turistas marroquíes es malo para los comercios locales, pero por otra parte, este control nos ha ayudado a poner fin, por ejemplo, a la sobreexplotación de servicios públicos gratuitos en la ciudad. Pase lo que pase en el futuro, no podemos regresar a esos tiempos.
