La visita a Melilla de Jaime de los Santos, vicesecretario de Educación e Igualdad del Partido Popular, ha vuelto a poner sobre la mesa uno de los principales desafíos de nuestra ciudad: la situación de su sistema educativo, las carencias que arrastra la enseñanza en la ciudad y la necesidad de que el Gobierno central asuma su responsabilidad en esta materia.
Los últimos resultados del informe PISA, que sitúan a Melilla a la cola de Europa en cuanto a datos académicos, reflejan una situación que requiere atención. Detrás de esas cifras hay alumnos que necesitan oportunidades, docentes que trabajan en condiciones exigentes y familias que esperan una respuesta a los problemas educativos de sus hijos. No basta con señalar los resultados: es necesario abordar sus causas y plantear soluciones.
de los Santos ha defendido la educación inclusiva y la especial, rechazando que ambas puedan entenderse como modelos incompatibles. También ha reivindicado el derecho de las familias a elegir la opción que consideren más adecuada para sus hijos. Un debate que merece abordarse desde las necesidades reales de los estudiantes y el respeto a la diversidad, sin convertir la atención educativa en un enfrentamiento político.
Las competencias educativas en Melilla corresponden al Gobierno central. A diferencia de otras comunidades autónomas, la ciudad no tiene transferida esta responsabilidad, por lo que es el Ministerio de Educación quien debe garantizar los recursos, la planificación y las condiciones necesarias para ofrecer una enseñanza de calidad.
La Ciudad Autónoma puede impulsar iniciativas y colaborar, pero su margen de actuación es limitado, por lo que no puede sustituir una política educativa estatal que atienda las necesidades del conjunto de las etapas y de los centros de nuestra ciudad. Cabe preguntarse por tanto si no sería viable una encomienda de gestión en materia educativa.
Que altos representantes vengan a Melilla contribuye a situar este asunto en el debate público, pero Melilla necesita algo más que visitas, declaraciones y reproches entre Administraciones. Necesita compromisos concretos, diálogo con la comunidad educativa y una estrategia sostenida que permita mejorar los resultados y garantizar la igualdad de oportunidades.
La educación es una inversión decisiva para el futuro de la ciudad. Quienes tienen las competencias deben asumirla con responsabilidad. Los alumnos y sus familias no pueden seguir esperando.
