El 11 de junio, jueces y fiscales de toda España hicieron un parón de diez minutos en protesta por las reformas legales impulsadas por el Gobierno sobre el acceso a la carrera judicial y el nuevo Estatuto del Ministerio Fiscal. La protesta marca una nueva etapa de tensión entre la carrera judicial y el Ejecutivo, que busca replicar el modelo de diálogo que evitó la huelga de 2023.
-Es evidente que estas medidas tendrían un grave impacto en la independencia judicial y la calidad del Estado de Derecho... ¿Podría ahondar en esta idea?
-Efectivamente, hay una gran descontento y lo demuestra el seguimiento de un setenta por ciento de la carrera judicial y fiscal. Este paro de diez minutos ha sido mayoritario, pero, no contábamos con que el Gobierno cambiase de idea sobre la tramitación de esos proyectos. Nos vemos obligados a escalar el conflicto colectivo y de hecho estamos constituyendo un comité de huelga para ver cómo arbitrar el parar ambos proyectos.
-La movilización ha sido convocada por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), el Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF). Los manifestantes desean retirar ambos proyectos ¿Por qué?
-Empezando por el ministerio Fiscal hay que saber que se quiere (está en trámite) modificar el sistema de investigación de los delitos, de tal manera que no sea un juez instructor independiente quien sea el director de esa investigación penal sino que la instrucción la dirijan los fiscales. Esta idea a una persona le podrá parecer bien y a otra mal pero a los fiscales a su vez se les quiere reformar su forma de organizarse internamente (y hemos reaccionado también antes esto) aumenta el poder del fiscal general del Estado sobre estos futuros fiscales instructores y se les reduce la garantía de autonomía y consecuentemente se hacen todavía más dependientes de su jefe: el fiscal general del Estado, que lo nombra el directamente y sin filtros, el Gobierno. Existe, pues, un riesgo de injerencia política sobre las causas que interesan al gobierno, que son las causas de corrupción. Ese es el verdadero problema, pues sería más difícil juzgar los casos de corrupción que afectaran directamente al poder ejecutivo y, en su caso, condenarse.
-¿Con estas reformas se podría juzgar al presidente del Ejecutivo?
-Si existen indicios de que el presidente del Gobierno comete delitos, en ese escenario hipotético y teórico es posible juzgarlo y condennarlo. No existe la inmunidad del presidente del gobierno en ninguna ley ni en la constitución española. No hay imposibilidad alguna -llegado el caso- de poder investigar o juzgar al presidente del Gobierno.
-Las reformas propuestas no responden a una demanda social, agravan la politización de la Justicia y suponen un retroceso en garantías institucionales, especialmente al incrementar el poder del fiscal general del Estado sin contrapesos internos. ¿No?
-Efectivamente, y por ello estamos reaccionando también contra la reforma del acceso a las carreras judicial y fiscal, que rebajan la exigencia de conocimientos para ser juez y fiscal en este país, viene a introducir pruebas que son más subjetivas y susceptibles de filtración, pretende crear un centro público de preparación de opositores con todo lo mal que tiene que el poder ejecutivo medie en la elección de miembros de otro poder del Estado, que el el Judicial, con el riesgo además de que existan criterios ideológicos en la elección de jueces y fiscales y se pretende meter por la puerta de atrás a mil trescientos jueces y fiscales sustitutos sin una prueba real que mida sus conocimientos y por lo tantos contra los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad con grave perjuicio del servicio que los jueces vamos a prestar sino también con grave perjuicio de jueces y fiscales de las última promociones y de los mies de opositores que ahora se están sacrificando por perseguir su sueño de ser juez o fiscal. Todo esto nos lleva a un poder judicial mucho más débil y dependiente del poder político e influenciables. A medio y largo plazo ese es el camino al que se va en España y otros países.
-La Fiscalía General del Estado es el principal órgano encargado de la persecución penal y la defensa de la legalidad en el sistema de justicia español. Es independiente y actúa de manera autónoma, sin recibir instrucciones ni órdenes de ningún otro poder. Es designado por el Gobierno, previa propuesta del Ministro de Justicia. Debe ser ratificado por el Congreso de los Diputados. La Fiscalía General del Estado, investigan los delitos, acusan a los presuntos responsables y defienden los intereses de las víctimas. Además de la persecución penal, tiene otras funciones para la promoción de la acción de la justicia...
-Darle más poder, como se pretende con la reforma al Fiscal general del Estado reduciendo las garantías de autonomía e imparcialidad que tiene los fiscales es perjudicial para la democracia. El Fiscal general del Estado es nombrado, sin filtro ninguno, por el Gobierno y por ello se aumentan los riesgos de politizar las investigaciones de las causas que interesen al gobierno, que son las de corrupción y es ahí donde está el peligro, no se puede incrementar el poder de quien manda sobre los fiscales cuando el que manda sobre los fiscales a su vez ha sido nominado por el Gobierno.
-Se persigue una influencia del Ejecutivo sobre el Judicial. Es evidente. ¿A qué corresponde?
-Esto no responde a un presidente concreto sino a una tendencia generalizada que se da en otros países de Europa, pero que en España nos afecta directamente. No sé a qué responde exactamente la preminencia de que el poder político tenga que interferir en el poder judicial. Nos encontramos con democracias liberales donde los sistemas de contrapeso quedan debilitados con estas reformas que se han aprobado y se anuncian que van a venir. Nos dirigimos hacia un poder judicial descafeinado que no sea incómodo al poder político o dicho de de otra forma, que sea mas influenciable por las presiones mediáticas del poder. Todo esto si, además, se adorna con un desprestigio del poder judicial poniendo en duda su legitimidad, tenemos un terreno abonado a que el abuso de poder no encuentre un freno en el poder judicial, que es una de las funciones que le corresponde.
-Sin embargo, el desacuerdo sobre el fondo y las formas de la reforma amenaza con provocar un conflicto institucional de mayor alcance en el segundo tramo de la legislatura. ¿Se avecinan tiempos difíciles?
-Toda la legislatura está siendo complicada, estamos siendo continuamente atacados por decisiones que no están gustando al ejecutivo y que están siendo criticadas desde el puro arrebato populista. Se ponga tan en duda la legitimación democrática del poder judicial, años atrás no hemos vivido nada así (que se ponga en duda la labor de los jueces) y eso va calando en el ciudadano y desconfía del juez. El poder judicial no puede ejercer eficazmente su función si la ciudadanía no confía en ella. Todo nos encamina hacia los abusos de poder, el debilitamiento del poder judicial perjudica al ciudadano. la ciudadanía debería resistirse pues ese debilitamiento del poder judicial a quien perjudica Por ello reclamamos que se retiren los dos proyectos, el que regula el acceso a las carreras judicial y fiscal y el que regula el estatuto orgánico del gobierno fiscal, no estamos peleando por cuestiones propias sino que estamos denunciando cuestiones que afecta a la ciudadanía.
-Los aforados. El aforado es una persona que ejerce cargo, oficio o empleo público y en el caso de ser imputado por un delito, será juzgado por un tribunal distinto al que le correspondería si fuera un ciudadano de a pie. ¿Somos entonces todos iguales ante la ley?
-El aforamiento está contemplado en la Constitución pero es una figura que está en duda y se determina que no todos somos realmente iguales ante la ley. En España hay miles y miles de aforados. Los jueces y fiscales estamos aforados. Por ejemplo, si yo cometiera un delito en Melilla no me juzgaría el tribunal de Melilla sino el tribual Superior de Justicia de Andalucía. Pero esto tiene un sentido de ser: evitar que la investigación del delito se lleve a cabo los compañeros de mi partido judicial. Se trata de garantizar pues una investigación imparcial. No queda claro sin embargo por qué existen los aforamientos a los políticos, diputados senadores tanto nacional como autonómicos. parece ser que responde a la necesidad de evitar que el político local pueda influir sobre el juez del partido y que la cuestión que afecta a la política se lleve a un tribunal distinto y superior, pero no está calor que esto sea así. Cuando vemos que, lo que pasa, es que la gente se agarra a su escaño para mantener el aforamiento, es porque creen que, en esos órganos superiores, van a tener un mejor trato que en los ordinarios que le corresponderían.
-¿Existen leyes obsoletas?
La Ley del indulto 1870, la cual ningún partido quiere cambiar porque a todos les encanta poder colarse por la puerta de atrás del poder judicial para deshacer condenas que haya impuesto. Desde hace lustros, venimos reclamando las asociaciones de jueces y fiscales para reducir la arbitrariedad y aumentar los controles de los tribunales respecto a esos indultos. Con el pasar de los años, la técnica legislativa es peor, las leyes se redactan de forma deficiente y no se tiene en cuenta que una ley es una pieza de un puzzle mayor que se llama ordenamiento jurídico en donde tiene que encajar. Cada vez se hacen más piezas que no encajan en el global del ordenamiento jurídico. Esto da una mayor inseguridad jurídica y más trabajo a los jueces y, a su vez, los jueces podemos dar soluciones contradictorias porque las leyes no están claras. Los políticos deben de saber que, la ley, ha de encajar en el ordenamientos jurídico y no es la respuesta a una inquietud política e ideológica del momento.
