El PP ha criticado estos días que la Asamblea tuviera que aprobar una prórroga del contrato de la empresa que gestiona el vertedero de inertes. Ve una presunta comisión de un delito de prevaricación y una ilegalidad en este trámite. De hecho, se solicitó desde el Grupo Popular que hubiera una votación individual y pública en este punto del pleno celebrado esta mañana, y así se realizó. Pero el consejero de Medio Ambiente, Hassan Mohatar, defendió que todo es legal en este documento y que no va a costar dinero a la ciudad esta prórroga del contrato.
El diputado del PP, Manuel Ángel Quevedo, aseveró que era una ilegalidad lo recogido en este documento que se aprobó este miércoles con los votos de PSOE, CpM, diputado no adscrito y Grupo Mixto.
Quevedo explicó que en realidad no se estaba aprobando la prórroga de un contrato, sino una compensación a una empresa. Insistió en que se podrían buscar otras fórmulas porque cree que se puede cometer un delito por los diputados si interpretan de otra forma los pliegos para dar esa compensación. Destacó que se ha cifrado por parte de Medio Ambiente en 825.000 euros y 142.000 euros de ese total no se indican para qué servirán en el informe.
El diputado popular aseveró que no se trata de un contrato de prórroga, sino de que la Administración reconoce que a una empresa que tiene un desajuste económico y que los diputados tienen que aprobar que se recoge en el pliego que la empresa puede solicitar un incremento de las tasas, cuando el PP cree que no es así como está recogido en ese contrato. Tampoco aparece, según Quevedo, que se tenga que actualizar la tarifa al IPC. Además, remarcó que el contrato con esta empresa terminó hace cinco meses.
El popular destacó que el informe elaborado por el secretario técnico es “negativo”. Y añadió que mientras fue consejero de Medio Ambiente la empresa no solicitó ese incremento de tasa e incluso cobraba la tonelada de tierra por debajo del precio máximo que podía marcar.
Por todo ello, Quevedo subrayó que si los diputados interpretan que hay que compensar a la empresa se está realizando una acción “fuera de la legalidad”.
No hay ilegalidad
Pero Mohatar defiende que cuenta con tres informes, uno de ellos del interventor, asegurando que esta propuesta está bien y preguntó a Quevedo dónde estaba la ilegalidad.
Asimismo, indicó que es la empresa la que asume la gestión y no cuesta dinero a los melillenses que lleve la explotación de este vertedero. Pero apuntó que es cierto que en estos meses ha bajado la actividad de la construcción y esta empresa va a tener menos ingresos de lo previsto. Ha bajado su actividad en un 50%.
Además, Quevedo afirma que sí que tiene un coste para la ciudadanía esta prórroga de contrato. Subrayó que la concesión del servicio tiene un coste.
También matizó Mohatar que se había previsto que la prórroga del contrato se realizara en un pleno en marzo, pero lo impidió el estado de alarma y recordó a Quevedo que se han retrasado los plazos a nivel administrativo.
Por otro lado y en relación con este tema, el consejero de Medio Ambiente solicitó retirar del pleno la aprobación del pliego del contrato porque, aseveró, que se habían encontrado errores que se debían subsanar.
Nueva normativa
Por último, la Asamblea sacó adelante la nueva ordenanza de limpieza y recogida de basura que incluye sanciones contundentes contra las personas que arrojan residuos fuera de horario o en zonas no permitidas. Mohatar espera que esto ayude a evitar esas acciones. Además, el consejero de Medio Ambiente agradeció a todos los partidos las aportaciones que han realizado a dicha normativa.
