El Consejo de Política Fiscal y Financiera acordó ayer reunificar los entes, sociedades y fundaciones que tienen las autonomías con el fin de reducir gastos y paliar la “grave situación económica” del país.
Melilla podría quedar excluida de las “medidas excepciones” que pueda adoptar el Gobierno de España en unos meses, con el fin de “adelgazar” el sector público, es decir, los entes, sociedades y fundaciones existentes en cada autonomía española, y que sin duda alguna contribuyen al engrose de la actual situación de crisis económica en que se encuentra el país.
Así lo puso ayer de manifiesto, en declaraciones a El Faro, el consejero de Economía y Hacienda de la Ciudad Autónoma, Daniel Conesa, al término de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, celebrado ayer en Madrid, con la asistencia de los responsables del Ministerio de Hacienda y de todas las autonomías.
Conesa precisó que Melilla no tiene las dimensiones del sector público “tan absolutamente disparatadas” como sí tienen otras regiones.
Tal y como explicó, la medida supondrá racionalizar este sector, de manera que se aglutinen en el menor número posible todas estas sociedades, entes o fundaciones, lo que permitiría reducir gastos, que en definitiva es el objetivo primordial.
Como primer paso, se pedirá a las autonomías que faciliten toda la información relativa es este sector público, desde su número, hasta la dimensiones que tienen cada una de ellas, el presupuesto con el que cuentan o las funciones que llevan a cabo.
Para ello, desde el Ministerio de Hacienda, se remitirá a todos los Gobierno autonómicos unos documentos normalizados para que se incluya en ellos toda esta información.
Posteriormente, como indicó Conesa, se estudiará esa información por parte del Ministerio, que incluso “podría establecer una normativa básica para tratar de regular un poco la situación”. Una vez que se estudie la situación será el momento de plantear las medidas oportunas a tomar, aunque como insistió el consejero, “en principio parece que en Melilla no habrá que adoptar medida excepcional alguna, en el mismo sentido que deban tomar otras comunidades que sí tienen este sector totalmente disparatado”.
Y como ejemplo de algunas autonomías que se encuentran en esta situación puso el de Ceuta, “que tiene una dimensión muchísimo mayor a la nuestra y que ya ha anunciado que van a reorganizar todas estas sociedades y entes, mediante la creación de una 'macroempresa' que pueda asumir a varias que las que existen ahora”.
Todas las autonomías, de acuerdo en establecer un ‘techo’ de gasto
Respecto al asunto principal tratado en esta reunión del Consejo, la “grave situación en que se encuentra España, un escenario en el que la Unión Europea y el Sistema Monetario Internacional califican de recesión para el 2012”, Conesa comentó que se han aprobado, con el consenso generalizado de la totalidad de todas las autonomías, el establecimiento de una serie de medidas “severas” para la contención de gasto y del déficit.
En opinión de Conesa, todas ellas son necesarias “si queremos sacar la cabeza del agujero y plantearnos a medio plazo un horizonte de crecimiento y de creación de empleo”.
En este sentido dijo que en la reunión “se ha hablado de la necesidad, y para ello se ha creado un grupo de trabajo, de estudiar la modificación que se hizo en la Constitución para establecer un techo de gasto para las autonomías, así como un límite de déficit y de endeudamiento”.
Para ello adelantó que se va a crear una ley orgánica “que va a desarrollar, precisamente, esa modificación de la Constitución, con el mismo objetivo de llegar a una situación en la que el actual déficit público que se encuentra absolutamente disparado, fuera de control de las previsiones, se pueda plantear en un futuro a medio plazo en una situación manejable”.
Para el titular de la Consejería, la reunión celebrada ayer en Madrid, ha sido “a modo de catarsis, para que todas las autonomías compartamos con el Gobierno la grave situación en la que nos encontramos, y en general, todas ellas, sin excepción, estamos de acuerdo en la necesidad de adoptar una serie de medidas que nos permitan salir de esta situación”.
En definitiva, y según dijo, constatar lo que se sabía, pero “materializado en unos acuerdos formales en el órgano competente que es el Consejo de Política Fiscal y Financiera”.
