Melilla merece algo mejor

Hay actitudes que, por reiteradas, no pueden seguir despachándose como simples arrebatos de carácter. Cuando quien las protagoniza ostenta una alta responsabilidad institucional, el problema deja de ser personal para convertirse en político y democrático. Melilla merece algo mejor que una delegada del Gobierno incapaz de mantener la compostura, el respeto y las formas mínimas exigibles a quien representa al Ejecutivo de España en la ciudad.

Los hechos recientemente publicados por El Faro de Melilla son suficientemente elocuentes. Una periodista fue increpada con gritos y malas formas por el simple hecho de no hacerle una fotografía a la delegada del Gobierno. No hubo provocación, no hubo vulneración de derechos ni traspaso de línea roja alguna. Hubo, sencillamente, el ejercicio legítimo de la libertad de los medios de comunicación. Que una representante del Estado reaccione de ese modo ante una profesional de la información ya es preocupante. Que lo haga, además, en presencia del secretario de Estado de Política Territorial, eleva el episodio a una dimensión institucional difícil de justificar.

Después de leer lo ocurrido, una no puede evitar preguntarse en manos de qué tipo de gente estamos. Porque la libertad de prensa no es un capricho ni una concesión graciosa del poder. Es un principio constitucional básico que garantiza el derecho a informar, opinar y pensar libremente. Cierto es que ese derecho tiene límites, pero también es evidente que en el caso descrito por este periódico no se traspasó ninguno de ellos. Lo que sí se cruzó fue una frontera mucho más peligrosa: la del desprecio al trabajo periodístico y la intolerancia ante cualquier conducta que no se ajuste a los deseos del cargo público de turno.

Lo más inquietante es que este episodio no constituye una excepción. La mala educación de la delegada del Gobierno no es algo desconocido en Melilla. Hace semanas, El Faro ya relató otro comportamiento impropio durante el II Foro Internacional de Empresas que Mueven al Mundo. En un acto público, ante un auditorio repleto de empresarios y emprendedores, el vicepresidente segundo del Gobierno melillense, Miguel Marín, expuso las líneas básicas de la política económica que defiende su partido. La delegada no acudía como dirigente socialista, sino como representante del Ejecutivo de España. Aun así, lejos de mantener la neutralidad institucional que se le presupone, reaccionó con gestos airados, elevando el tono de voz y abandonando la sala del Hotel Puerto de manera ostentosa.

El episodio resultó tan evidente que, posteriormente, tuvo que regresar tras las peticiones de mesura y tranquilidad de algunos de sus propios compañeros de partido. La escena fue tan reveladora como bochornosa. No se trataba de una discrepancia política razonada, sino de una reacción visceral ante una intervención que no le gustó. Una vez más, la sensación fue la misma: si las cosas no son como ella quiere, se rompe el decoro, se eleva el conflicto y se impone el gesto sobre la responsabilidad.

Ese es el patrón que se repite. Da igual que sea en un acto público, ante un alto cargo ministerial, en una conversación telefónica o frente a una periodista que simplemente hace su trabajo. Cuando aparece ese subidón de prepotencia, de “aquí se hace lo que yo diga”, desaparece la representante institucional y aflora una concepción del poder incompatible con la convivencia democrática.

Por eso conviene insistir, sin ambages: Melilla no merece tener como delegada del Gobierno a una persona que no sabe encajar la crítica, la discrepancia ni la libertad de los medios. En Madrid deberían tomar nota, porque con este modo de entender el poder, pobre del periodista, del ciudadano o incluso del compañero socialista que se atreva a llevarle la contraria. Y eso, en democracia, nunca debería ser aceptable.