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Melilla encabeza la tasa de cierre de empresas en los últimos cinco años

La ciudad autónoma registra una mortalidad empresarial muy superior a la media nacional, afectando especialmente a microempresas y sectores como comercio y construcción

por Tania Chocrón
25/01/2026 10:55 CET
Melilla encabeza la tasa de cierre de empresas en los últimos cinco años

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En los últimos cinco años, el tejido empresarial español ha experimentado un notable dinamismo en términos de creación de empresas, pero también una elevada mortalidad. Entre 2019 y 2024 se constituyeron en España 506.192 nuevas sociedades, de las cuales más de 116.000 ya han cesado su actividad, lo que supone una tasa de mortalidad empresarial del 22,93%. Este dato, recogido en un estudio de Informa D&B y difundido por El Boletín, refleja las dificultades estructurales que siguen enfrentando muchas empresas, especialmente las de menor tamaño.

El informe señala que los años más críticos para la supervivencia empresarial coincidieron con la pandemia del Covid-19. En 2020, la tasa de mortalidad se disparó hasta el 41,60%, mientras que en 2021 se situó en el 37,52%, evidenciando el fuerte impacto de las restricciones sanitarias, la caída del consumo y la incertidumbre económica. Aunque la situación ha mejorado progresivamente en los años posteriores, las consecuencias de aquel periodo siguen siendo visibles en el cierre de numerosas sociedades.

Uno de los aspectos más llamativos del estudio es que el 67,06% de las empresas que cesaron su actividad lo hicieron de manera informal, sin recurrir a procedimientos legales como el concurso de acreedores o la disolución oficial. Este fenómeno pone de manifiesto la complejidad administrativa y los costes asociados al cierre formal de una empresa, que en muchos casos lleva a los empresarios a abandonar la actividad sin completar los trámites correspondientes.

En términos absolutos, las comunidades autónomas con mayor número de empresas inactivas son también aquellas que concentran un mayor volumen de compañías. Madrid encabeza la lista con 26.297 cierres, seguida de Cataluña (22.661), Andalucía (22.274) y la Comunidad Valenciana (13.681). Estos datos reflejan el peso económico de estas regiones dentro del conjunto nacional.

No obstante, si se analiza la mortalidad empresarial en proporción al total de empresas existentes en cada comunidad, el ranking cambia significativamente. Melilla presenta la tasa más elevada, con un 37,61%, seguida de Ceuta (27,88%) y Andalucía (25,36%). En el extremo contrario se sitúan Aragón (17,54%), Navarra (17,64%) y Galicia (19,2%), que registran los niveles más bajos de mortalidad empresarial. Madrid (22,73%) y Cataluña (23,62%) se mantienen cerca de la media nacional, lo que indica que, pese a su volumen, su comportamiento es similar al del conjunto del país.

Por sectores, el comercio es el que acumula un mayor número de cierres, con 28.491 empresas inactivas, seguido de la construcción y actividades inmobiliarias (25.220), los servicios empresariales (16.983), el comercio al por mayor (15.478) y las actividades inmobiliarias (13.364). En cuanto a tasas de mortalidad, los sectores más castigados son el textil, confección y cuero (31,71%), el comercio al por mayor (30,30%) y las industrias extractivas (29,30%), actividades especialmente sensibles a los cambios en la demanda y a los costes de producción.

El estudio subraya además que casi el 98% de las empresas que han cerrado son microempresas, lo que confirma que este tipo de sociedades son las más vulnerables ante crisis económicas y cambios en el entorno. La tasa de mortalidad en las microempresas alcanza el 23,88%, mientras que desciende de forma progresiva a medida que aumenta el tamaño empresarial, situándose en solo el 6,99% en las grandes compañías. Esta diferencia evidencia la mayor fragilidad financiera y la menor capacidad de adaptación de las empresas más pequeñas.

En conclusión, el informe de Informa D&B resalta la elevada mortalidad empresarial en España y sitúa a Melilla como la comunidad con mayor proporción de cierres, un dato que subraya la necesidad de políticas públicas específicas de apoyo, especialmente dirigidas a microempresas y a los sectores más expuestos a la volatilidad económica.

 

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