Desde hace unos meses, la Consejería de Medio Ambiente y Naturaleza da cuenta cada cierto tiempo a los ciudadanos del número de expedientes sancionadores que se están tramitando por conductas incívicas, como arrojar basuras fuera de hora, orinar en la calle, tirar escombros o no contemplar las normas de limpieza. Por eso se ha sabido que entre diciembre y enero fueron diecinueve esos expedientes, cuyo importe global, caso de cobrarse las multas correspondientes, ascendería a algo más de 20.000 euros.
Que la Ciudad Autónoma informe de esas actuaciones está muy bien; es plausible, sobre todo porque pone de manifiesto que, al menos, algo se hace para tratar de erradicar las actitudes maleducadas de los melillenses en el cuidado de su entorno. Sin embargo, hay una pregunta que todavía no ha conseguido respuesta: ¿realmente se llevan a término esos expedientes, se imponen las sanciones y, fundamentalmente, se cobran? Eso es realmente lo que los ciudadanos merecen saber.
Si la Administración Local abre un expediente y pone en marcha un trámite pero, al final, este no llega a una conclusión concreta ni se impone la multa, es como si nunca se hubiera hecho nada. Si no se toca el bolsillo del incívico, la persona volverá a repetir la acción una y mil veces porque llegará a la conclusión de que, pese a la amenaza de sanción, nunca ocurre nada.
Por eso sería muy acertado por parte de la Consejería que dirige Daniel Ventura que se diera cuenta del número de multas impuestas, cuántas se han abonado y la fórmula que se piensa desarrollar para obligar al pago de semejante acción contra el conjunto de los ciudadanos. Porque cuando alguien deja caer un papel al suelo, no lleva a la papelera la lata de la bebida que acaba de tomarse, tira la basura a cualquier hora y la deja fuera del contenedor o no usa el punto limpio para deshacerse de los residuos, el mal se está haciendo a todos los melillenses, que son los que tienen que sufrir una ciudad sucia, con claras muestras de comportamientos indeseables.
