La Cámara de Comercio de Melilla, en bancarrota y en fase de liquidación desde marzo de 2015, no paga los salarios de sus trabajadores desde hace trece meses, como reconoció la presidenta de la institución, Margarita López Almendáriz, a El Faro.
La plantilla, que ya se ha recortado con varios EREs, demandó por impagos a la Cámara de Comercio el pasado mes de diciembre. De no haberlo hecho antes del primer año sin cobrar, se arriesgaba a quedarse sin opción a reclamar, según José Alonso, abogado de parte de los empleados afectados por el tijeretazo.
EREs irregulares
Hasta el momento, según el letrado, la Justicia ha dado la razón a los trabajadores en todos los juicios celebrados hasta la fecha, declarándose como nulos todos los Expedientes de Regulación de Empleo (EREs) acometidos por la Cámara de Comercio.
En 2010 la plantilla ascendía a seis empleados y tras los EREs y ERTEs llevados a cabo quedaron tan sólo tres trabajadores en una jornada laboral reducida (de dos a cuatro horas al día) y percibiendo algo menos del salario mínimo, según confirmó Alonso.
Todo esto se agravó a partir de febrero de 2015, cuando la situación de la cámara de Melilla se hizo insostenible hasta el punto de no poder acometer el pago de los sueldos de sus empleados.
Desde entonces y hasta el momento, se han venido prestando los servicios habituales de la Cámara de Comercio gracias al “buen hacer, y tesón de los empleados”, como reconoció Almendáriz a este periódico.
Comienzo del declive
Dos factores claves jugaron en contra de la salud económica de la Cámara de Comercio de Melilla: por una parte se vieron lógicamente afectados por la crisis económica que asoló el país desde 2007. Por otra, por el Decreto Ley de Zapatero de diciembre de 2010, que acabó con la obligatoriedad de las cuotas que los empresarios venían pagando a estos organismos.
Hasta entonces, las empresas se registraban necesariamente en la Cámara de Comercio, abonando una cuota de afiliación que se baremaba en base a dos parámetros: su Impuesto de Actividades Económicas y su Impuesto de Sociedades.
Zapatero escuchó la voz de muchos empresarios españoles, que consideraban abusivo este pago por entender que se veían forzados a pertenecer a una Cámara de Comercio sin ser su voluntad y sin posibilidad de abandonarla, vulnerándose con ello el artículo 22 de la Constitución Española, que reconoce el derecho de libertad de asociación.
Desde la aprobación de esta ley, el órgano cameral comenzó su particular caída. El principal sustento de este ente hasta el momento eran las cuotas de pertenencia. Tras este cambio legislativo, toda esa entrada de liquidez se frenó de golpe.
Sin ingresos ni ahorros en la entidad
Los beneficios empresariales se anularon por la renuncia de prácticamente todas las empresas asociadas, como reconoció López Almendáriz. En unos tiempos económicos tan convulsos, en que cada compañía miraba con lupa sus cuentas, nadie estaba dispuesto a ejercer voluntariamente el pago de ninguna cuota extra, lo que repercutió directamente en la financiación de las Cámaras de Comercio, que vieron cómo dejaban de percibir su partida de ingresos más importante.
Fue entonces cuando la mayor parte de las cámaras redoblaron sus esfuerzos en volverse atractivas para los empresarios, ya que los ingresos camerales estarían sujetos a lo que fuesen capaces de hacer para interesar a las empresas.
Aparte, cada ente contaba con el sustento económico de lo ahorrado durante años, unos más, otros menos, pero todos con un colchón suficiente para gestionar su funcionamiento.
Sin embargo, en Melilla, el dinero que permanecía en la caja se destinó a acometer la remodelación del edificio.
Sin liquidez entrante, la cámara se volvió hiperdeficitaria y cayó en la bancarrota, provocando la entrada en fase de liquidación.
Las obras en la sede secan las arcas de Melilla
La sentencia de muerte de la Cámara de Comercio de Melilla se firmó inconscientemente al embarcarse la entidad en la rehabilitación del edificio modernista que es sede de su órgano, como reconoció Margarita López Almendáriz.
La obra de remozado del edificio donde se ubica el organismo, que data de 1906 y fue hecha por el arquitecto Enrique Nieto, duró ocho años en una actuación conjunta entre la Ciudad Autónoma y la Cámara de Comercio de Melilla, que se repartieron a partes iguales los 950.000 euros del coste total del proyecto.
Esos 470.000 euros aportados por la Cámara acabaron con el remanente de dinero que permanecía en las arcas del ente, según Almendáriz, que admitió haber apostado por la conservación de un edificio único, patrimonio de su entidad y de los melillenses.
Al final, y ante el precario estado de las arcas del órgano cameral de Melilla, se ha resuelto vender el edificio. Si todo sigue la evolución que tiene prevista, la Cámara recibirá 450.000 euros por parte de la misma Ciudad Autónoma.
