Destacan los problemas derivados de la digitalización de los expedientes en la ciudad
Los jueces y fiscales de Melilla han salido a la calle para reclamar una Justicia más agil, eficiente y de mayor calidad. Se han concentrado a mediodía frente a las puertas de las Torres V Centenario, donde se ubican los juzgados de la ciudad, para apoyar las medidas que se han propuesto desde todas las Asociaciones de Jueces y Fiscales. Estas reivindicaciones lo que persiguen es una mayor independencia judicial, que se modernice la Administración de Justicia en aras de la calidad y la eficacia, y que mejoren las condiciones de los profesionales. En el caso de Melilla, estas medidas afectarían a 16 jueces y a ocho fiscales, así como a otros dos de refuerzo.
El juez decano de la ciudad, Fernando Germán Portillo, y la fiscal jefe, María Isabel Martín, han leído conjuntamente el manifiesto que recoge las propuestas de las asociaciones de los jueces y los fiscales. Han anunciado que, en el caso de que las Cortes Generales, el Gobierno y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no atiendan las peticiones formuladas, están dispuestos a continuar con el calendario de movilizaciones. “De seguirse en esta línea de desatención con nuestras reivindicaciones, no nos quedará más remedio que seguir adelante con el mencionado calendario, que incluye paros parciales e, incluso, la huelga”, expuso Portillo. Como ha aclarado, estas son medidas de mayor entidad que ni los jueces ni los fiscales desean aplicar. “Pero nos veremos abocados a ello si no vemos avances en breve”, apostilló.
Como recordaron los representantes de los jueces y los fiscales de Melilla, las reivindicaciones fueron planteadas hace diez meses con el fin de lograr una Justicia más ágil, eficaz y de mayor calidad.
Entre otras medidas, reclaman que se proponga un proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para recuperar el régimen competencial, de organización y que garantice la elección de los vocales judiciales por los jueces y magistrados, asegurando la igualdad de género y representatividad; que se ampare de modo efectivo a los miembros de la carrera judicial de cualquier ataque que afecte a su independencia o que se supriman los magistrados designados por los parlamentos autonómicos. Asimismo, jueces y fiscales reivindican un plan de inversión suficiente y prolongado para incrementar las plantillas judicial y fiscal, de modo que se equipare a la media europea, para lo que habría que convocar al menos unas 300 plazas en los próximos cuatro años.
Los profesionales también piden que el proceso de digitalización se lleve a cabo con los equipos necesarios y los programas de manejo adecuados para que se facilite el ejercicio de la función en beneficio del ciudadano, en vez de ralentizarlo. Sobre este asunto, el juez decano de la ciudad ha puesto de manifiesto que en Melilla es urgente que mejoren las condiciones de la digitalización de los expedientes. “Dentro de poco vamos a celebrar una junta de jueces por este motivo, porque está creando varias disfunciones”, señaló al respecto.
Los fiscales de Melilla, por su parte, han incidido en la necesidad de derogar el sistema de plazos máximos de instrucción mientras no se dote de los medios necesarios. También están a favor de paralizar la implantación de la justicia digital mientras no se garantice el correcto funcionamiento de los programas y equipos. Además, subrayan la importancia de un refuerzo de la independencia del Ministerio Fiscal, así como de contar con autonomía presupuestaria. En el caso de que las demandas de los jueces y fiscales no sean atendidas, la plantilla de Melilla está dispuesta a continuar con el calendario, que contempla el inicio de una huelga el 22 de mayo.
