Ambos peritos coinciden en que no hay desfase patrimonial y la Ciudad certifica el pago año a año del IPSI de las empresas de la pareja.
El juicio contra un matrimonio melillense por un supuesto delito continuado de blanqueo de capitales quedó ayer visto para sentencia, después del testimonio de los dos peritos y las conclusiones de la Fiscalía y la defensa de los acusados. Los dos informes periciales coinciden en destacar que no se aprecia un desfase patrimonial de la pareja y sí existe una correlación entre el volumen de importaciones y el de ventas. Además, ambos peritos explicaron al tribunal que la ausencia de facturas se debe a la práctica habitual en la ciudad de Melilla de no expedir facturas en las transacciones comerciales con Marruecos. El perito designado por sorteo a petición del Miniterio Público aportó un importante documento en el que la Dirección General de Importaciones y Gravámenes de la Ciudad Autónoma certifica las cantidades de IPSI que ha pagado año a año una de las empresas del matrimonio.
Según explicó la defensa a El Faro, este certificado de la Ciudad Autónoma permitiría conocer todo lo que ha importado la empresa de este matrimonio melillense, teniendo en cuenta además que el informe pericial afirma que hay una correlación entre el volumen de importaciones y el de ventas.
El perito aseguró haber estudiado más de 700 facturas de proveedores y fábricas de electrodoméstivos, actividad principal de una de las empresas de los acusados, y centenares de documentos relacionados con movimientos bancarios y demás actividad económica de la empresa. Si bien es cierto, que durante su declaración, el perito dijo haber detectado defectos contables y fiscales, al considerar que algunos datos se tenían que haber contabilizado de otra forma.
Por último, apuntó que la práctica habitual del comercio atípico en Melilla no utiliza facturas en sus transacciones comerciales, pues este tipo de formalidades se perdió una vez finalizado el Protectorado Español en la zona del Rif y es por ello que se acusa la ausencia de facturas de venta en las empresas de los acusados.
En segundo lugar, el perito de la defensa defendió su informe ante el tribunal, que recogía conclusiones similares a las del primer documento expuesto en la sala. Las empresas fronterizas carecen de facturas de venta de sus clientes marroquíes; no se aprecia un desfase patrimonial de la pareja y no se observan operaciones económicas llamativas.
Finalmente, la Fiscalía y la defensa expusieron sus conclusiones, sin mucha variación. El Ministerio Público insistió en su acusación de un supuesto delito continuado de blanqueo de capitales y en la petición de la pena máxima contemplada en el Código Penal para cada uno de los acusados, seis años de prisión y una multa de cuatro millones de euros. Además, realizó una larga exposición de la jurisprudencia en tribunales europeos y españoles sobre este tipo de casos y defendió las conclusiones del peritaje judicial y los atestados elaborados por la Policía Judicial de la Guardia Civil de Melilla, cuyos responsables declararon en la mañana del pasado martes.
Por su parte, la defensa de los acusados insistió en que no existen pruebas ni indicios de delito, ya que, por ejemplo, el atestado de la Guardia Civil no analiza la salida del dinero ingresado en las cuentas del matrimonio, por lo que reiteró su petición al tribunal de absolver a sus clientes.
Para finalizar, los acusados se dirigieron al tribunal para insistir en su inocencia. La defensa estima que dentro de quince días se conocerá la sentencia del caso.
2,1 millones de euros facturados en cinco años
El juicio contra un matrimonio melillense por un supuesto delito de blanqueo de capitales comenzó el pasado martes con la declaración de ambos acusados, HMM y MGR, ante el tribunal, seguidos de los agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil que elaboraron un atestado analizando el patrimonio de la pareja y el informe de los funcionarios de Vigilancia Aduanera.
En ambos casos, sostuvieron que habían visto “indicios” de blanqueo de capitales, tales como ingresos de efectivo en cuentas bancarias menores de 3.000 euros, ausencia de facturas, creación de sociedades y compra venta de inmuebles y fincas, que denotan, según declararon prácticas habituales de blaqueo de capitales.
Ambos informes, así como la Fiscalía, aseguraban que las empresas constituidas por el matrimonio habían tenido unos beneficios de más de dos millones de euros de los que más del 90% eran ingresos en efectivo sin justificar.
