La Audiencia Provincial de Málaga ha condenado a 52 años de prisión a Francisco Javier C., sacerdote de Vélez-Málaga conocido como padre Fran, por sedar, grabar y agredir sexualmente a cuatro mujeres entre los años 2015 y 2018. La sentencia le considera autor de cuatro delitos de abuso sexual, tres de ellos con penetración, y de otros cuatro delitos continuados de descubrimiento y revelación de secretos.
El condenado permanece en prisión desde su detención por parte de la Policía Nacional en septiembre de 2023. El arresto se produjo después de que su entonces pareja, con la que convivía en Melilla, encontrara en un disco duro imágenes de los abusos y decidiera denunciar los hechos.
Además de la pena de prisión, el tribunal ha fijado una indemnización de algo más de 400.000 euros para las cuatro víctimas, cantidad de la que deberá responder de manera subsidiaria la Diócesis de Málaga. La resolución judicial no es firme y puede ser recurrida.
El juicio se celebró a finales del pasado mes de mayo y durante las sesiones declararon tanto las víctimas como el acusado, de 35 años. Francisco Javier C. ingresó en el Seminario Diocesano de Málaga en el año 2012 y, posteriormente, fue ordenado diácono. Durante su trayectoria religiosa ejerció como párroco en las localidades malagueñas de Ardales, Carratraca, El Burgo y Yunquera, además de desempeñar labores como vicario de una parroquia de Álora y capellán de dos centros educativos.
Durante el proceso judicial, el sacerdote negó haber drogado, grabado o agredido a las mujeres y sostuvo que la denuncia presentada por su entonces pareja respondía a un acto de despecho. Incluso llegó a denunciarla por robo. Sin embargo, la Audiencia Provincial considera acreditado que agredió sexualmente a las cuatro mujeres.
La sentencia recoge que el condenado mantenía con las víctimas una relación de amistad y confianza, ya que las había conocido en el ámbito de sus actividades religiosas. Según el tribunal, en distintos momentos entre 2015 y 2018, el sacerdote llegó a pernoctar con cada una de ellas en las viviendas que tenía asignadas por su condición de religioso.
La sala destaca que las mujeres compartían incluso la misma cama con él debido a la confianza que depositaban en el acusado, tanto por la amistad que mantenían como por su condición sacerdotal.
Fue en esas circunstancias, según considera probado el tribunal, cuando el condenado suministraba a las víctimas una sustancia indeterminada que les provocaba una profunda somnolencia y pérdida de conciencia, de manera que no eran conscientes de lo que sucedía ni recordaban los hechos al día siguiente. Aprovechando ese estado, el sacerdote cometía los abusos sexuales sin el consentimiento de las mujeres.
Asimismo, el acusado fotografiaba y grababa las agresiones y posteriormente almacenaba las imágenes en un disco duro, organizadas en carpetas identificadas con el nombre de cada una de las víctimas.
El dispositivo fue descubierto de manera casual por su entonces pareja a finales de 2022. La mujer conectó el disco duro pensando que contenía películas o series de televisión, pero encontró en él los archivos de contenido sexual protagonizados por el sacerdote y las víctimas.
Tras el hallazgo, la mujer puso los hechos en conocimiento de un sacerdote de la misma parroquia en la que el condenado se encontraba en Melilla y posteriormente informó al vicario. La respuesta de la Iglesia fue trasladar al religioso desde la ciudad autónoma a las localidades malagueñas de El Burgo y Yunquera, donde pasó a desempeñar labores administrativas. La Diócesis justificó el cambio de destino por "motivos de salud".
La sentencia sostiene que el Obispado no cumplió de forma adecuada sus deberes de vigilancia y que tampoco eligió a la persona idónea para desempeñar las funciones de párroco.
Ante la falta de una respuesta diferente, la entonces pareja del sacerdote decidió acudir finalmente a la Policía Nacional y entregó a los agentes una copia de las imágenes encontradas. Pocos días después, el religioso fue detenido.
Ninguna de las cuatro víctimas tenía conocimiento de lo sucedido hasta que los investigadores les comunicaron la existencia de las grabaciones.
Aunque la Fiscalía solicitaba una condena de hasta 72 años de prisión, la Audiencia Provincial de Málaga ha impuesto finalmente una pena de 40 años por tres delitos continuados de abuso sexual con penetración y un cuarto delito de abuso sexual sin penetración. A ello se suman otros 12 años de cárcel por los cuatro delitos continuados de descubrimiento y revelación de secretos.
El tribunal considera además acreditado el daño psicológico, psíquico y moral sufrido por las víctimas, aunque entiende que los hechos no constituyen un delito de lesiones psíquicas. La sentencia alude al "innegable daño" causado a las mujeres y al especial desprecio mostrado por el autor hacia ellas cuando se encontraban en una situación de absoluta indefensión.
Por estos hechos, cada una de las víctimas recibirá una indemnización cercana a los 100.000 euros, de cuyo pago responderá subsidiariamente la Diócesis de Málaga. Desde la institución religiosa han señalado que estudiarán en profundidad la resolución judicial antes de pronunciarse sobre la sentencia o sobre la posibilidad de presentar un recurso.
