El decano del Colegio de Abogados de Málaga, Francisco Javier Lara, impartió la charla en la nueva sede del gremio melillense.
El Salón de Actos de la nueva sede del Colegio de Abogados de Melilla se estrenó ayer con la charla impartida por el decano del Colegio en Málaga y presidente de la Comisión de Justicia Gratuita del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Francisco Javier Lara Peláez, quien analizó con los letrados melillenses la situación del proyecto de reforma de la ley de Justicia Gratuita, el estado de las negociaciones con el Ministerio de Justicia.
En lo tocante al servicio al ciudadano, Lara explicó que el anteproyecto de ley establece que cualquier ciudadano puede ser asistido de un abogado de oficio de cualquier parte del territorio nacional. La Abogacía Española se opone a esta medida, pues es “una auténtica barbaridad” porque destruye la relación de confianza que debe existir entre un abogado y su cliente. Además, es de lógica, explicó Lara, que si un ciudadano acude a la justicia gratuita es porque no tiene recursos, lo que a un melillense le impediría viajar a Zaragoza, por ejemplo, si le asignan un letrado de esta ciudad.
El CGAE también se opone a que los ciudadanos tengan que ratificar en presencia del secretario judicial su intención de recurrir una sentencia. Esta obligatoriedad supondría, explicó el decano de los Abogados de Málaga, la “vulneración de derechos fundamentales”, pues, por ejemplo, personas que estén en prisión no podrían realizar esa comparecencia en persona y los inmigrantes con expediente de expulsión tampoco podrían cumplir este trámite si ya han sido devueltos a su país de origen.
Las negociaciones
Tras la toma de posesión de Jesús Catalá en el Ministerio de Justicia, las negociaciones sobre el anteproyecto de ley quedaron paralizadas por la falta de acuerdo existente entre las partes. Pero, mientras buscaban una solución para desbloquear la negociación, Lara expresó su sorpresa por la publicación el pasado viernes de las modificaciones a la justicia gratuita que el Ministerio ha introducido a través de enmiendas en el anteproyecto de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que “nada tiene que ver” una cosa con la otra.
Los puntos críticos de estas enmiendas para la Abogacía Española pasan, por ejemplo, por la entrada de los graduados sociales en el ejercicio de la abogacía en las mismas condiciones que los abogados. En este sentido, Lara lamentó esta modificación pues pone a los letrados en una situación de desventaja. Recordó que los abogados deben hacer un máster de especialización y un examen de acceso estatal para ejercer, mientras que estos requisitos no se exigen a los graduados sociales.
Ello no solamente afecta a los abogados sino también a los ciudadanos, pues ante un pleito laboral, podrán tener ‘de oficio’ a un abogado o a un graduado social, pero este último “no tiene una preparación integral en Derecho”.
