Libertad con cargos para el responsable de Comunicación de CpM por presunto fraude en contratos públicos

La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Melilla ha decretado este jueves la libertad con cargos para el responsable de Comunicación de Coalición por Melilla (CpM), después de tomarle declaración en calidad de investigado por un presunto delito de fraude en la contratación pública. Esta decisión judicial se produce en el marco de la conocida operación Santiago-Rusadir, una investigación que ha sacudido los cimientos del partido liderado por Mustafa Aberchán y que continúa revelando nuevas ramificaciones.

Según ha podido saber El Faro de fuentes cercanas al caso, el investigado habría pactado con otras personas para resultar beneficiario de contratos públicos, en lo que se investiga como un posible entramado de corrupción en la adjudicación de servicios. Por el momento, la juez ha establecido como única medida cautelar su comparecencia periódica los días 2 y 16 de cada mes, sin llegar a imponer otras restricciones como la retirada del pasaporte o la prohibición de salir del país.

Este nuevo episodio judicial no solo añade presión a la ya delicada situación del partido, sino que coincide con la celebración del 30 aniversario de CpM, convocado este mismo jueves en el Hotel Melilla Puerto. En un contexto de tensión creciente, varios miembros destacados del partido han difundido mensajes a través de WhatsApp llamando a la movilización y a la asistencia al evento. Uno de estos mensajes, al que ha tenido acceso El Faro, asegura textualmente que es momento de "estar unidos ante la persecución de una justicia comprada por los racistas", en una declaración que acusa abiertamente al poder judicial de actuar movido por intereses ideológicos.

En el mismo mensaje, se reconoce que la formación atraviesa una "situación difícil", y se insiste en que "más que nunca, debemos estar unidos". Estas declaraciones públicas y privadas no hacen más que elevar el tono político de un proceso judicial que ya ha salpicado a varios miembros del partido y que amenaza con afectar de lleno al núcleo duro de la organización cepemista.

La operación Santiago-Rusadir, iniciada hace más de año y medio, ha supuesto ya la detención de funcionarios, empresarios y cargos públicos vinculados al anterior Gobierno de CpM, por su supuesta participación en una red de contratos amañados y adjudicaciones irregulares desde distintas instituciones locales. Las investigaciones, que continúan abiertas, apuntan a una presunta red de clientelismo político en la concesión de servicios, lo que podría constituir un grave caso de corrupción institucional.

Desde el inicio de la operación, Coalición por Melilla ha sostenido que se trata de un proceso con motivaciones políticas, aunque no ha ofrecido explicaciones públicas detalladas sobre las acusaciones ni sobre el contenido de los contratos investigados. Esta estrategia de victimización se refuerza ahora con los mensajes difundidos por sus propios militantes, que lejos de marcar distancia con los procedimientos judiciales, optan por cargar contra la independencia judicial.

Mientras tanto, la juez del caso continúa tomando declaraciones a distintos implicados y analizando los expedientes de contratación bajo sospecha. Todo apunta a que el proceso se prolongará en el tiempo y que podrían producirse nuevas imputaciones en las próximas semanas.

Este nuevo frente judicial amenaza con erosionar aún más la credibilidad de CpM, un partido que se enfrenta ahora no solo al desafío de responder ante los tribunales, sino también al de reconstruir su imagen pública en un escenario político cada vez más polarizado.