El presidente de Ceuta, Juan Vivas, anunció este lunes que acudirá al Poder Judicial para trasladar a sus máximos responsables la situación que atraviesa la ciudad autónoma tras la entrada masiva de inmigrantes de los días 30 y 31 de julio, ante lo que calificó de "pasividad" del Gobierno central.
En una rueda de prensa tras la reunión del Ejecutivo ceutí, Vivas explicó que solicitará ser recibido por la presidenta del Tribunal Supremo, María Isabel Perelló, y por el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, a quienes trasladará que Ceuta "está en peligro". Aclaró que no pretende interferir en la independencia judicial, sino hacer llegar a sus máximos responsables la gravedad de la situación.
El presidente ceutí insistió en que la ciudad continúa lejos de la normalidad y reconoció que todavía desconoce cuántas de las 80.000 personas que entraron irregularmente permanecen en Ceuta, así como cuántos expedientes de devolución o expulsión se han iniciado. Denunció una "falta de respuesta adecuada" del Gobierno de España hacia lo que definió como "una parte de España que se ha visto atacada en su integridad territorial", y recordó que el propio Pedro Sánchez llegó a calificar a Ceuta de territorio en "alto riesgo".
Vivas acusó al Ejecutivo de haber intentado "maquillar la realidad" durante los primeros días de agosto, al sostener que la ciudad había recuperado la normalidad en 48 horas y que solo permanecían unas 2.500 personas de las cerca de 80.000 que entraron. "La normalidad solamente puede lograrse mediante el regreso a Marruecos de todos los que, de manera ilegal, perturbaron el orden", afirmó.
El mandatario ceutí defendió que el Estado dispone de medios suficientes para devolver a Marruecos a los adultos que entraron los días 30 y 31 de julio en un plazo de 30 días. Según sus cálculos, medio centenar de funcionarios dedicados a tramitar expedientes podrían resolver unos 750 diarios, lo que sumaría 15.000 al mes. "Esto no es misión imposible, esto más bien parece falta de voluntad", concluyó. Atribuyó la inacción del Gobierno a posibles motivos de "ineptitud", "irresponsabilidad" o el deseo de no molestar a Marruecos para mantener "unas pseudo buenas relaciones".
Además del Poder Judicial, Vivas anunció que acudirá a las Cortes Generales, las comunidades autónomas, la Federación Española de Municipios y Provincias, y a organizaciones empresariales y sindicales para trasladarles la situación de la ciudad.
En la misma comparecencia, el presidente ceutí criticó a la ministra de Sanidad, Mónica García, por su visita del domingo a Ceuta, a la que calificó de comportamiento "incorrecto" por ir a "dar lecciones de humanidad y solidaridad".
Vivas se refirió así a las declaraciones de la ministra, en las que reclamó que Ceuta pusiera a disposición nuevos emplazamientos para atender a los migrantes que permanecen en la ciudad, y sostuvo que la falta de estos espacios estaba ralentizando la respuesta a la situación generada tras la entrada masiva.
El presidente ceutí aseguró que la ciudad autónoma "no ha rechazado ningún emplazamiento" y explicó que las instalaciones planteadas hasta ahora pertenecen a la Administración General del Estado. Precisó que el Gobierno local ha reclamado que se tenga en cuenta la opinión de los vecinos antes de habilitar nuevos espacios, debido al elevado nivel de tensión que soporta la ciudad, y añadió que Ceuta tampoco se opone a utilizar inmuebles estatales si se considera necesario, siempre que se respete a los vecinos.
Vivas defendió, además, que el debate sobre los emplazamientos no debe desviar la atención del origen de la crisis y reprochó al Ejecutivo no haber cumplido los compromisos del Plan Integral de Desarrollo Socioeconómico de Ceuta en materia sanitaria.
