“Las penas sumadas por los presuntos delitos de Zapatero son muy graves”

Rodríguez Zapatero está citado a declarar el próximo 2 de junio por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, blanqueo de capital y falsedad documental. Según el auto del juez, el expresidente y personas de su entorno habrían recibido de forma presuntamente irregular 1,95 millones de euros de la trama relacionada con el rescate de la aerolínea Plus Ultra.

Tras gobernar España entre 2004 y 2011, Rodríguez Zapatero asumió un papel activo en las relaciones con Venezuela y en los intentos de mediación política entre el gobierno y la oposición del país sudamericano. El Faro de Melilla entrevista a Fernando Portillo, magistrado, para quien Zapatero se enfrenta a más de veinte años de prisión.

-A Rodríguez Zapatero se le señala como supuesto líder de una presunta trama de tráfico de influencias. ¿Cuál es su opinión como juez sobre el auto de imputación?, ¿está bien fundamentado?

-La verdad es que el auto es lo que se espera de una decisión judicial que va a imputar a todo un expresidente del Gobierno: serio y trabajado. Se trata de una resolución muy bien armada, muy bien estructurada y muy detallada. Ajeno a la literatura judicial o policial que a veces se cuela en algunas resoluciones judiciales mediáticas, lo que hay en el auto son datos y más datos, información y, sobre todo, muchos indicios perfectamente desgranados, indicando el origen de los mismos. Queda evidenciado, por si alguien tenía alguna duda, que no es un ejercicio voluntarista o una creación artificiosa, sino que detrás hay una investigación muy seria iniciada en el año 2024, con la intervención de la Fiscalía Anticorrupción, de la UDEF de la Policía Nacional y de algunos instrumentos de cooperación internacional.

Evidentemente, esto no significa más que lo que es, la expresión escrita de unos indicios, que no pruebas, que permiten investigar la comisión de delitos muy graves, pero será toda la investigación que aun está desarrollándose la que sirva para apuntalar estos indicios o para desecharlos, archivando la causa.

Eso sí, no tengo duda de que, como dice Soto Ivars, todo aquel que, después de haberlo leído, insista en que es aire y que no dice nada, no solo miente, sino que cobra por ello.

-La causa investiga supuestos cobros de comisiones ilegales relacionados con el rescate financiero concedido por el Gobierno español a la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia de covid-19. ¿De qué se le imputa exactamente?

-Se le imputa, en mayor o menor grado, la participación en varios delitos. Directamente se le atribuyen los delitos de tráfico de influencias (usar de su influencia en el Gobierno para conseguir decisiones administrativas favorables para algunas personas y/o empresas, con rédito económico propio) y blanqueo de capitales (“lavado” de fondos de procedencia ilícita). En el cuerpo del auto se mencionan también, como elementos estructurales, los delitos de falsedad documental y pertenencia a organización criminal, aunque, respecto de este último, el juez de instrucción le atribuye a Zapatero la condición de “vértice” o “líder estratégico”, nada menos.

Estos delitos son los que inicialmente se le atribuyen, pero la investigación que hay en curso podría suponerle la imputación de otros delitos. Este auto es solo la justificación por la que el juez ha decidido incluir al expresidente en la investigación que está llevando a cabo, pero una vez ya está siendo investigado, los delitos que se le imputen finalmente dependerán de lo que se vaya descubriendo, pudiendo caerse alguno de los del auto o sumarse otros no incluidos, siempre relacionados con la investigación de que está siendo objeto, por supuesto.

Las penas sumadas por todos estos delitos son muy elevadas, estamos hablando de más de veinte años de prisión si aplicamos los márgenes más graves. Pero hay que tener en cuenta que luego, en la realidad judicial, las penas no son siempre su suma aritmética, sino que entran en juego las reglas de los concursos, los grados de participación, la existencia o no de antecedentes penales, las posibles atenuantes, etc.

-¿Qué se puede esperar de la instrucción?, ¿Será larga?

-No conozco la causa, pues, evidentemente, no he tenido acceso a la instrucción, más que lo que de ella se dice en el auto de imputación de Zapatero. Pero estamos ante delitos que son complejos de investigar, en los que, como se está viendo, intervienen muchas personas en diferentes niveles de implicación, con sociedades pantallas o interpuestas, testaferros, documentos contables, variables internacionales, etc. Ir tirando del hilo seguramente supondrá muchas horas de estudio concienzudo, amén de que, con toda probabilidad, irán surgiendo complicaciones conforme se vaya desmadejando la presunta trama. Si a esto sumamos que la Audiencia Nacional está sobrecargada de trabajo y que, mucho me temo, no será esta causa una para las que el Ejecutivo ponga refuerzos, creo que aún nos quedan muchos meses de instrucción; aunque también cabe que, si empieza a complicarse demasiado, la causa se divida en piezas para tratar de acelerarla.

-Los ataques desde el mundo de la política a los jueces es ya una constante en nuestro país...

-Lo he dicho muchas veces: es perfectamente compatible que los responsables políticos defiendan la inocencia de los suyos, en este caso Zapatero, y, a la vez, manden un mensaje de confianza en la Justicia. Pero cuando para defender esa inocencia se opta por atacar a los jueces, no hay duda de que se hace consciente y deliberadamente para, como ocurre con los movimientos populistas en otros países, deslegitimar al poder judicial que investiga la corrupción que les afecta. Lo cual, en este caso, además, es un sinsentido, salvo que se crea posible que jueces, fiscales, policías y organismos internacionales se pongan de acuerdo para ir contra alguien por su color político. Es el típico “el profe me tiene manía”, aunque, por desgracia, incluso aunque estemos ya costumbrados a que los políticos vean conspiraciones judiciales en toda investigación de su corrupción, ello no lo hace menos grave. Y es que, cuando desde las instituciones se lanzan mensajes de desconfianza hacia los jueces, estos calan en la ciudadanía que, por ello, empieza de verdad a creer que los jueces resolvemos según la ideología del afectado. Una de las funciones del poder judicial es velar porque las leyes se cumplen por todos, también por quienes tiene el poder político, para así corregir los abusos o las arbitrariedades de quienes están ahí arriba.

Pero si la ciudadanía no confía en sus jueces, seremos menos efectivos en esa labor y, paradójicamente, el poder podrá actuar con mayor impunidad.

-Después del 2 de junio, ¿se adoptará alguna medida al expresidente del Gobierno?

-Es complicado saberlo sin conocer la instrucción. Ahora bien, respetando la labor del juez de instrucción que es quien tiene toda la información relevante, me atrevo a opinar que parece complicado que, tras prestar declaración, se acuerde el ingreso en prisión provisional de Zapatero. Estamos ante una medida de carácter excepcional; la causa lleva abierta desde el año 2024; desde hace mucho tiempo existen rumores de participación del expresidente en los hechos investigados, algo que sin duda él conocía; hace poco se realizaron registros para asegurar material probatorio; estamos ante un personaje público y, aunque tiene evidentes contactos en otros países, también tiene en España un claro arraigo profesional y personal… En fin, parece complicado que, en este momento procesal, concurra alguno de los fines que justifican esa prisión preventiva, como el riesgo de fuga o de destrucción de pruebas. Habrá que ver si la certeza de que se le persigue judicialmente cambia algo en el ánimo de Zapatero que justifique el riesgo de su fuga, pero parece difícil apreciarlo. Lo que sí es más probable es que las acusaciones pidan alguna medida cautelar menos restrictiva de derechos fundamentales y que el juez la acuerde, como pueda ser la prohibición de salida del país y/o la retención de su pasaporte.

-¿Por qué no se imputa también al personal de la administración que facilitó las decisiones que habría tenido Zapatero a través de su influencia?

-En el delito de tráfico de influencias el autor solo puede serlo quien influye o trata de influir, no la autoridad o funcionario que cede a esa influencia, aunque su participación sea necesaria para la comisión del delito. Este funcionario o autoridad, si acaso, puede haber cometido otros delitos, como prevaricación, cohecho o malversación de fondos públicos, pero para ello tendrán que darse sus requisitos específicos. Es normal que este auto no se refiera con carácter incriminatorio a los responsables ministeriales implicados en el rescate de Plus Ultra, porque, repito, va dirigido a justificar la imputación de Rodríguez Zapatero y ya está. Pero la investigación sigue abierta y, si se apreciasen indicios de la participación de otras personas en estos u otros delitos, sin duda serán llamadas como investigados.

También se preguntan algunas personas si es ilegal cobrar comisiones. No lo es, desde luego. El comisionista cuya intervención hace posible la celebración de un contrato entre dos partes es una figura reconocida en nuestro Código de Comercio, sujeta, eso sí, a exigencias de transparencia y otras. Pero una cosa es cobrar por ayudar a cerrar un contrato y otra por usar tu cargo o influencia para conseguir, no un contrato, sino una resolución administrativa favorable. Esto último sí es delito. No es lo mismo usar tu esfuerzo o conocimientos que usar tu influencia.